-¿Cómo surge el texto legal que hoy está en Comisión Mixta?
-Contar con un proyecto de ley surge de la sociedad civil. Aquí no hubo un proyecto desde el mundo político. En 2012, organizaciones me llamaron para estructurar un proyecto que se pudiera conversar con los parlamentarios, que tuviera un acuerdo mínimo para que pudiera ser discutido en el Congreso. Se trataba de corregir varias cosas de la legislación actual, siempre en la idea de que en la tramitación pudiera mejorarse. Es importante decir que ya varios académicos coincidíamos en que era fundamental que el proyecto de ley incluyera a niños, niñas y adolescentes, que pudiera regular los casos en que tienen clara su identidad de género y requieren modificar sus datos registrales. El proyecto se ingresó en 2013 y en estos años fueron cambiando los estándares internacionales que hoy fijan que el cambio debe ser lo más ágil y eficaz posible, lo que podría darse en una petición administrativa, que es como hoy está pensado. También se ha avanzado en la despatologización de las personas trans, es decir, desmarcar lo que viven de enfermedades y privilegiar la óptica de derechos. Además se ha establecido a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.
-Este es uno de los nudos de la ley. La derecha en general se opone a que sean incorporados.
Hay dos puntos en que el proyecto está estancado y tal vez no sería bueno que saliera como ley si va a salir con esas miradas. Uno es lo patologizante que es pretender exigir certificados médicos y siquiátricos; y otro es la exclusión de los niños o la regularización de la situación de los niños, pero desde un parámetro que entiende que siempre son los padres los que deben decidir. Ese parámetro no responde a la realidad, porque hay situaciones en que los padres no respetan o no reconocen la situación de sus hijos. Centrarlo sólo en que un niño tendrá un reconocimiento de su identidad siempre que sus dos padres estén de acuerdo, no abarca todas las realidades que se pueden dar. En los niños tendría que ser en tribunales de familia, donde se le den todos los resguardos al niño y a los padres para ser escuchados. Es bastante más complejo el tema que decir: siempre los padres tienen la razón.
-Han habido más de 200 indicaciones al proyecto de ley, entre ellas, por ejemplo, se contempló y luego descartó la oposición de terceros. ¿Cómo has observado tú el debate?
-En el proyecto original estaba esta posibilidad de oposición, pensando en que se sacara en la discusión. Hoy lo relevante es que no exista ninguna traba al ejercicio del derecho a la identidad de una persona. En cuanto a la tramitación, creo que se ha hecho un uso desmedido del sistema de indicaciones. Este proyecto lleva un número de años muy reducidos en el Congreso para la cantidad de indicaciones que ha tenido. Algunas veces lo que ha ocurrido, es que se aprueba algo y, cuando se abre el periodo de indicaciones, se busca revertir. Es lo que se ha hecho con el caso de niños y niñas. El proyecto original de las organizaciones incluía a los niños y niñas. Eso se sacó como parte de los acuerdos mínimos para que pudiera ser introducido en el Congreso. En el año 2013, ese proyecto era de mínimos necesarios. La senadora Lily Pérez los incluyó vía indicación. Y luego se ha avanzado y retrocedido.
-¿Crees que los parlamentarios han estado a la altura de la discusión?
-El debate ha sido muy estrecho. Se recurre a argumentos que no tienen respaldo jurídico ni respaldo en otras disciplinas, porque este es un tema que debería motivar un debate relevante. Aquí no sólo pueden opinar los juristas, sicólogos y endocrinólogos. Requiere un diálogo multidisciplinario que no se ha hecho de la mejor manera. Más allá de las visiones personales, habría que entender que se está legislando para el país.
-Respecto de las visiones personales, ¿cómo observaste el rol de la senadora Jacqueline van Rysselberghe cuando le correspondió presidir la Comisión de Derechos Humanos?
-Es parte de la democracia que una senadora no esté de acuerdo con un proyecto y ejerza su derecho. Ahora, ella ha tenido una serie de declaraciones que han sido poco afortunadas desde la perspectiva de empatizar con la realidad de las personas trans y en su cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos tampoco fue promotora de abrir la discusión. Durante mucho tiempo este proyecto estuvo sin movimiento. Lo relevante es recalcar que se ingresó un proyecto de acuerdos mínimos. A cinco años de eso, Chile no se puede permitir una ley que no responda a los estándares internacionales, que no responda a los problemas de no reconocimiento de las personas trans. No se puede legislar a cualquier costo, obviando las situaciones más complejas. Preferiría que se discutiera diez meses más en el Congreso, pero responda a los estándares internacionales.