En la campaña presidencial, el entonces candidato Felipe Kast propuso impulsar una ley para que los niños de bajos recursos puedan "trasladar" su subvención escolar hacia colegios particulares pagados, si así lo deseaban, siempre que en ese plantel existiesen políticas de inclusión.

Ahora, la Nueva Mayoría y el Frente Amplio utilizaron el mismo nombre para bautizar su propio proyecto de inclusión, que fija una cuota obligatoria de 30% para matrícula de estudiantes pobres en colegios particulares pagados, a costa del propio establecimiento, como respuesta a la discusión legislativa que se instaló con el proyecto Admisión Justa.

El senador de Evópoli plantea que ambas propuestas tienen diferencias sustantivas, pues la suya no establece una obligación. "Esto es muy distinto a obligar a todo colegio particular a tener esta política. La idea es que los establecimientos mostrasen su interés por tener políticas de integración, porque se requiere también la responsabilidad del colegio, una vocación para apoyar a los alumnos", explica.

En el marco de la discusión legislativa que se abre, Kast dice que le encantaría "que con Evópoli pudiéramos ingresar esta indicación", la que espera que tenga el apoyo de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, pues "en el debate de la Ley de Inclusión, con Jaime Bellolio planteamos una indicación para permitir que los colegios particulares pagados pudieran recibir subvención por tener alumnos sin capacidad de pago, y la misma Nueva Mayoría lo votó en contra".

En la oposición, en tanto, defienden transversalmente su iniciativa, aunque existen dudas sobre cómo se financiaría el 30% de la cuota de alumnos pobres en colegios pagados. El diputado Matías Walker (DC) cree que esos cupos "tienen que financiarse con recursos públicos, de manera de aprovechar los precedentes de subsidio en materia de salud, de vivienda, entre otros. Pero esto es algo que va a ser parte de la discusión parlamentaria y se va a definir en conjunto".

"En la Ley de Inclusión, lo que promovimos como DC no fue una educación estatista, sino que la misma subvención por alumnos que se aumentaba para los colegios públicos, se aumentara para los colegios particulares subvencionados, de tal manera que fueran las familias las que tuvieran la posibilidad de elegir el colegio de sus hijos".

Y la diputada Camila Rojas (IA) afirma que "el proyecto de ley contempla que ese financiamiento sea sostenido por los mismos establecimientos".

"Lo menos que podemos hacer, es que el ánimo de legislar sea equitativo para todo el sistema, para lograrlo se requiere incluir a los colegios sin subvención. No son intocables. De todos modos, sabemos que la solución general es reconstruir la educación pública, si no resolvemos ese problema, perpetuamos la injusticia de la educación. Es un error seguir aceptando que niños y niñas tengan que competir por los pocos cupos de escuelas de excelencia que hay. Todos merecen ir a una buena escuela", agrega.

"Invitamos a la ministra a discutir, desde marzo de 2019, sobre cómo reconstruir el sistema público que fue desmantelado durante la dictadura y el abandono sistemático que le siguió desde entonces", puntualiza la parlamentaria.