HACE ALGUNOS días el empresario y vicepresidente de Banco de Chile, Andrónico Luksic, al terminar su declaración en el juicio simplificado en contra del diputado Gaspar Rivas, tras querellarse en contra del parlamentario por injurias graves, recibió un golpe en su cabeza a la salida del Centro de Justicia, en el marco de una protesta por el proyecto Alto Maipo.
Las intenciones del empresario -quien fue escoltado por seis gendarmes- de dar su versión a los medios y salir por la explanada del Centro de Justicia, se vieron truncadas por un grupo de manifestantes que gritaba contra ese proyecto hidroeléctrico, del cual el grupo Luksic es accionista minoritario.
Este hecho es otra muestra del nivel de crispación y de violencia que existe en el país, y frente al cual las autoridades no han colaborado lo suficiente para contenerla. Lo sucedido no es un hecho aislado o novedoso. En abril del año pasado, la nuera de la Presidenta Bachelet y socia de Caval, Natalia Compagnon -luego de declarar por nueve horas ante la fiscalía- se vio afectada por el acoso de manifestantes y debió salir resguardada por Carabineros. Y lo mismo sucedió con los controladores del grupo Penta tras ser formalizados.
Estas agresiones afectan los derechos y garantías básicos de los declarantes e imputados y cuestionan la efectividad del debido proceso. Las autoridades de gobierno encargadas del orden público, fiscales, y jueces, han dejado en evidencia claras falencias para garantizar a todos los ciudadanos su derecho a defender su honra en la medida que se sientan afectados, de manera tranquila, pacífica y segura.
Se debe recordar que el Código Procesal Penal otorga al Ministerio Público la responsabilidad de garantizar sus derechos. Si bien, se han tomado nuevas medidas para asegurar la integridad de los declarantes, lo ocurrido besta semana, vuelve a cuestionar las medidas básicas de seguridad que se aplican actualmente.