EN UNA entrevista concedida a este medio, la ministra de Educación se refirió al futuro de la reforma a la educación superior, ocasión en que la autoridad aseguró que la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) era una decisión tomada y que se estaba buscando cuál era la mejor forma de reemplazarlo. Si bien parece preocupante que a un año del término del gobierno aún no exista claridad en cómo implementar lo que se definió como una de las principales reformas de la actual administración, es positivo que exista convicción en mantener un sistema de créditos.

Incluso si se mantiene la idea de avanzar en gratuidad universal -política costosa, regresiva y que ha demostrado generar dificultades financieras para las instituciones que se han adscrito-, un sistema de créditos es fundamental si se quieren conservar e incrementar los actuales niveles de cobertura y la libertad para que los alumnos decidan por el proyecto educativo que mejor se ajusta a sus intereses. Sin un sistema de créditos, los alumnos que requieren apoyo financiero para cursar sus estudios únicamente podrían optar a las instituciones que decidan sumarse a la gratuidad (en 2016 correspondió a un 35% de las instituciones acreditadas). Como éstas son, en promedio, más selectivas que el resto de las instituciones, muchos alumnos -especialmente de menor nivel socioeconómico- no tendrían opciones para financiar sus estudios. También cabe considerar que la gratuidad actualmente cubre a alumnos pertenecientes al 50% de la población de menores ingresos, es decir, hogares con un ingreso per cápita de hasta $ 155 mil. De no existir un sistema de créditos, quienes se encuentren por sobre ese nivel tampoco tendrían alternativas de financiamiento.

Con todo, la dificultad que advierte la ministra es real. Ningún sistema de créditos será viable sin un eficaz sistema de cobro. El Fondo Solidario de Crédito Universitario ya ha demostrado una baja capacidad de cobro por parte de las universidades. Es por eso que en el diseño del CAE, en funcionamiento desde el primer mandato de la Presidenta Bachelet, incluyó a la banca como una forma de asegurar una mayor recuperación de créditos. Si bien este sistema ha mejorado, las tasas de recuperación aún están lejos de ser satisfactorias. Lo anterior, unido a que debido al subsidio en la tasa de interés y el pago contingente al ingreso disminuyó el interés del sector bancario por ser parte del proceso, el CAE ha terminado siendo una política costosa para el Estado.

Una alternativa es la que propuso la administración anterior donde, eliminando las diferencias que todavía persisten entre los dos sistemas de créditos, la provisión de los fondos fuera estatal y el cobro mediante descuento por planilla, tal como sucede actualmente con los impuestos y la previsión. Si bien la experiencia de otros países que han implementado este mecanismo de cobros ha sido positiva, el bajo nivel de cotizaciones que presentan los trabajadores independientes y el creciente número de ese tipo de trabajadores imponen desafíos para adecuarlo a nuestra realidad. Aun así, contar con un sistema de créditos que sea sostenible en el tiempo debiera ser uno de los aspectos de la reforma a la educación superior que aúne amplio consenso.