El último cumpleaños de Lula, el martes pasado, no fue precisamente muy feliz, pese a que el número era simbólico: 70 años. Como si ser blanco de una investigación en la justicia, por sospecha de que incurrió en tráfico internacional de influencias a favor de la constructora Odebrecht, no fuera suficiente, en las últimas semanas la justicia ha estrechado el cerco contra el clan familiar del ex mandatario.
Enmarcada en la “Operación Zelotes”, que investiga sobornos a integrantes del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF) de la cartera de Hacienda, la Policía Federal registró el lunes la sede en Sao Paulo de la empresa LFT Marketing Esportivo, perteneciente a Luís Cláudio da Silva, hijo del ex mandatario. La firma aparece involucrada en una investigación sobre un esquema que adulteraba multas tributarias dentro del organismo público federal, para rebajarlas o anularlas, lo que habría causado un perjuicio al fisco por US$ 5.900 millones.
La empresa del hijo de Lula fue incluida en la investigación debido a que la firma Marcondes & Mautoni, citada como la intermediaria del pago de sobornos, hizo una transferencia por US$ 1,45 millones en marzo de 2011 a esa compañía de marketing deportivo. La policía debe escuchar a Luís Cláudio para aclarar esta conexión, ya que la consultora no tiene negocios en el sector de deportes en el que él trabaja (promueve el fútbol americano en Brasil).
Luís Cláudio es el segundo hijo de Lula investigado por la justicia brasileña en las últimas semanas. Antes fue el turno para Fábio Luís Lula da Silva, el hijo mayor del ex Presidente. Según informó el diario O Globo, uno de los arrestados por su implicación en el caso de corrupción de la petrolera estatal brasileña Petrobras, el empresario Fernando Bahiano, afirmó que pagó cuentas personales de “Lulinha” por un valor de US$ 530.000 con dinero procedente de la red de corrupción.
Los lazos entre Baiano y Fábio Luís, según el periódico brasileño, pasaban por el empresario José Carlos Bumlai, amigo íntimo del ex Presidente. Bumlai, que tenía libre acceso al Palacio de Planalto durante el gobierno de Lula, fue citado este año en el caso del petrolão.
El diario español El Mundo destaca que “Lulinha” vive en uno de los edificios más lujosos de Jardins, uno de los barrios más exclusivos de Sao Paulo. Los departamentos están valorados en 1,4 millones de euros y el arriendo del domicilio en el que reside el hijo de Lula corría a cargo de su socio Jonas Suassuna, asegura la revista brasileña Veja.
Dado que la Operación Lava Jato, que investiga el caso de corrupción en Petrobras, está salpicando a su familia, Lula ha determinado que se realice una auditoría informal de sus bienes y de los de sus hijos y cónyuges. A ese respecto, el ex mandatario ironizó: “Tengo otros tres hijos que no fueron denunciados, siete nietos y una nuera que está embarazada. Bueno (...) esto no va a terminar nunca (...) Ahora van a querer saber quién es el rico de la familia”.
Aunque hasta ahora ninguna denuncia está confirmada, la imagen del líder del Partido de los Trabajadores (PT) empieza a verse dañada. Así lo dejó en evidencia una reciente encuesta de Ibope, según la cual un 55% de los brasileños no votarían a Lula “de ninguna manera”, un porcentaje muy superior al 33% que marcaba en mayo de 2014. Pero Lula, que se muestra dispuesto a buscar la Presidencia en 2018, asegura que “el objetivo es truncar cualquier perspectiva de futuro, entonces serán tres años de mucha golpiza. Y pueden estar seguros: voy a sobrevivir”.