La Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España entregó el 19 de abril de este año al Ministerio de Justicia de ese país un informe para ser enviado a Chile en materia de auxilio internacional. Casi un mes después -el 20 de mayo pasado- el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país recibió el oficio español, donde se detalla una serie de antecedentes que, según la justicia hispana, podrían configurar el presunto delito de cohecho internacional por parte de Endesa en Chile.
En el documento -al que tuvo acceso La Tercera- se detalla que la empresa está siendo investigada luego de que “el grupo de trabajo de la Ocde sobre Corrupción de Funcionarios Públicos en las Transacciones Comerciales Internacionales, citando como fuente al diario digital chileno El Ciudadano en su edición del 16 de abril de 2015, tomara conocimiento de que, supuestamente, las empresas Enel y Endesa habrían donado 3,5 millones de dólares a algunos políticos chilenos durante la campaña electoral de 2013, para obtener determinados permisos para la implementación de una central hidroeléctrica en el territorio de Neltume”.
Según informó publicamente la empresa el año pasado, Enel aprobó aportes legales a campañas políticas en 2013 por US$ 3,5 millones. Específicamente se trató de US$ 1 millón de Endesa Chile y otros US$ 2,5 millones correspondientes a Enersis.
El proyecto Central Neltume, que considera una inversión por US$780 millones y se instalaría en la Región de Los Ríos, hoy está paralizado. Esto, luego de que la empresa informara que retiraron la evaluación de impacto ambiental para construir la hidroeléctrica, y señalaran que se está estudiando un rediseño que recoja las inquietudes de la comunidad.
El escrito de la fiscalía española agrega que “el documento de la Ocde señala que existen en Chile investigaciones en curso sobre estos hechos. Sin prejuzgar la realidad última de tales hechos, procede aclarar que, aunque los mismos aparecen indiciariamente cometidos en Chile, la jurisdicción española podría ser también competente para investigar parte de los hechos, si los mismos hubiesen sido ejecutados por un ciudadano español, chileno o de otra nacionalidad (...), salvo que tales personas se encuentren sometidas a un procedimiento judicial en curso en Chile”.
Diligencias ordenadas
En el informe del fiscal español Juan Pavía Cardell, se requiere antecedentes en la medida que se encuentren disponibles por las autoridades chilenas.
En específico, se solicita informar “si es que existe o ha existido algún procedimiento judicial en Chile o alguna investigación a cargo de la Fiscalía Nacional o de otra autoridad competente chilena, en relación con la sociedad española Endesa S.A. (u otra sociedad participada por esta), por hechos que pueden constituir algún acto directo o indirecto de corrupción de funcionarios públicos o autoridades de Chile ejecutados por parte de directivos o empleados de dicha sociedad, con el fin de obtener o conservar algún contrato o negocio de la Administración Pública”.
Se requiere además, según el escrito, que en caso de que exista una indagatoria judicial al respecto, Chile realice un resumen de los hechos que sean o hayan sido objeto de investigación. Asimismo, se solicita detallar el lugar y tiempo en que tales hechos hayan acontecido y otras circuntancias que puedan ser relevantes a juicio de la autoridad a cargo del caso.
También se pide que “si en el curso de la investigación se ha identificado algún ciudadano español que presuntamente haya intervenido en los hechos, se entregue su identidad completa, así como que se confirme si el procedimiento seguido en Chile se dirige o va a dirigirse contra esa persona”.
A ello se suma la petición a Chile de informar si es que en el curso de la investigación se ha detectado algún presunto acto de corrupción realizado desde el territorio español.
Indagatoria en Chile
Este informe fue remitido luego a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Ucix) de la Fiscalía Nacional, institución que lo dervió a la Fiscalía Centro Norte, donde se determinó abrir una causa penal contra Endesa. La investigación está a cargo de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad Ximena Chong, quien ordenó a la PDI requerir la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa desde 2009 a la fecha y las rectificaciones que hizo la firma ante el Servicio de Impuestos Internos (SIII) durante el mismo periodo.
Según informó Endesa el año pasado, mediante un comunicado, el monto corregido ante el SII ascendió a $ 276 millones por pagos realizado entre 2012 y 2015, argumentando que carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto. Entre los pagos rectificados por Endesa el año pasado figuran el recaudador de campañas presidenciales de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli; el ex senador de RN Ignacio Pérez Walker y el abogado y yerno de Eduardo Frei y ex recaudador de su campaña presidencial Pedro Yaconi.