El jueves 21 de septiembre se cumplirá un mes desde que comenzó el juicio oral del caso Luchsinger, en que la fiscalía intenta comprobar que los 11 acusados tuvieron participación en el ataque y posterior fallecimiento del matrimonio Luchsinger Mackay, en enero de 2013, en Vilcún, Región de La Araucanía.

En esta etapa procesal la Fiscalía de la IX Región ha expuesto ante el tribunal las pruebas con las que cuenta para asegurar que los acusados se conocían entre sí y actuaron coordinadamente para ejecutar el ataque. Aquí, las comunicaciones entre los sospechosos habrían resultado claves.

Así da cuenta un análisis que la PDI hizo de las llamadas entre los imputados, entre octubre de 2012 y octubre de 2013 (ver infografía), para descartar la tesis de la defensa, que sostiene que no existiría mayor comunicación entre ellos. "El objetivo es realizar una vinculación entre los números asociados a estas personas, para determinar si existían contactos entre estos números", explicó ante el tribunal uno de los peritos de la PDI que participó del informe ordenado por el Ministerio Público.

De acuerdo a la información recogida por la policía civil y luego analizada por la fiscalía, nueve de los 11 acusados del caso Luchsinger, entre octubre de 2012 y octubre de 2016, realizaron 1.820 llamadas telefónicas, lo que para la fiscalía da cuenta de que los imputados mantenían una comunicación fluida.

Roberto Garrido, vocero de la Fiscalía de La Araucanía, indicó que "los llamados entre los acusados, también el contacto con Celestino Córdova, que es la única persona condenada a la fecha, demuestran que hay una vinculación entre estas personas, que se frecuentaban. Desde nuestro punto de vista, (esto) debe ser prueba suficiente para demostrar su participación".

Sobre los llamados con Celestino Córdova, de acuerdo al análisis policial, se estableció que hubo 64 llamados entre Córdova y Luis Tralcal Quidel, según los números asociados a ambos. Otros elementos que llaman la atención de la fiscalía son los intercambios telefónicos entre dos números asociados a Luis Tralcal Quidel, puesto que entre estos dos teléfonos se registraron 1.075 llamados.

Vínculos

Los investigadores, a través de este peritaje, también advirtieron la supuesta conexión entre la machi Francisca Linconao y el delator compensado José Peralino, quien entregó a la fiscalía los nombres de los presuntos autores del atentado.

Ambos registran 85 comunicaciones telefónicas y, para el fiscal Garrido, "esto contradice lo que dice ella en el interrogatorio, en el sentido de que conocía a José Peralino sólo de niño y que no tenía una mayor relación con él".

El persecutor hizo referencia a la declaración que la machi Linconao prestó ante el estrado el 23 de agosto en Temuco. Allí, la fiscalía le preguntó: "¿Tenía conocimiento o contacto con él (Peralino)?". La machi respondió que "no", agregando que "lo conozco desde 'cabro chico', no tenía mucha relación con él. Desde 2016 tengo una relación con él, porque me pidió un favor".

El abogado de Sergio Catrilaf Marilef, Rodrigo Román, descartó que la tesis de los investigadores tenga algún sustento, pues "no hay ninguna información parecida a eso de las llamadas que tenga sustento, porque todo esto es una suma de especulaciones por parte de la policía y la fiscalía, especialmente del perito que realizó el supuesto análisis". Román añadió que "cuando este señor hizo su exposición se evidenciaron severas falencias desde el punto de vista de la calidad del trabajo investigativo, por la cantidad de especulaciones de los peritajes sin fundamentos técnicas, alejado de lo que uno espera de un perito en un juicio penal".

La abogada Manuela Royo, defensora de Sabino Catrilaf, dijo que "este supuesto tráfico de llamadas parte de un presupuesto erróneo, puesto que el teléfono que se usa, por ejemplo del señor Peralino, ni siquiera está a su nombre, sino de su hermanos. Ni siquiera existen vinculaciones telefónicas entre todos los imputados".