Ministro de Justicia español afirma que voto en Cataluña es un acto de propaganda "estéril e inútil"

Rafael Catalá, quien es el primer miembro del gobierno de Mariano Rajoy en hablar sobre esta consulta, señaló que se trata de "propaganda política" al servicio del presidente regional catalán Artur Mas.




El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, calificó de un acto de propaganda "estéril e inútil" la simbólica votación sobre la independencia de Cataluña celebrada este domingo pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.

El ministro es el primer miembro del gobierno de Mariano Rajoy en hablar sobre esta consulta, que hasta las 17:00 horas había conseguido al menos dos millones de votantes. Además señaló que se trata de "propaganda política" al servicio del  presidente regional catalán Artur Mas.

"El Gobierno considera que estamos ante una jornada de propaganda política organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática", dijo Catalá en un comunicado donde asegura que "se ha instado a los ciudadanos a participar en un simulacro inútil y estéril".

"España es un régimen democrático consolidado, en el que existe libertad de  expresión y manifestación y en el que las consultas populares se rigen por estrictas normas que garantizan la imparcialidad y la neutralidad. Ninguno de esos requisitos se han dado en esta jornada", prosiguió.

Además, Catalá advirtió que la fiscalía general del Estado está estudiando el desarrollo de la jornada para "valorar la existencia de responsabilidades penales y ejercer en los próximos días las acciones legales que correspondan".

Férreamente opuesto a que esta región nororiental se pronunciara sobre su independencia, el gobierno español consiguió en dos ocasiones la suspensión de la consulta recurriendo al Tribunal Constitucional, aunque finalmente no tomó medidas para impedir el voto.

Amparándose en la "libertad de expresión", Mas mantuvo en pie esta votación que carece de valor legal, al no contar con un censo oficial previo, ni junta electoral y organizado con la colaboración de casi 41.000 voluntarios en colegios y edificios públicos.

"El responsable soy yo y mi gobierno", dijo el presidente catalán asumiendo todas las consecuencias que puedan surgir de las denuncias presentadas ante la justicia y las investigaciones iniciadas por la fiscalía.

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