LA EVASIÓN en Transantiago es de casi un 30%. Naturalmente, esta evasión es mayor en sectores de bajo ingreso. En el primer decil la tarifa representa un 28% de los ingresos familiares. Este grave problema financiero y moral está lejos de resolverse. Proponemos una solución que cuestiona el financiamiento del sistema: gratuidad total en buses e incluso Metro.

Transantiago se financia vía subsidio y tarifa. El subsidio (casi 45%) permite pagar el descuento a los estudiantes, infraestructura y material rodante, mientras con los ingresos tarifarios se financia la operación. Pero según Parry y Small (2009), en múltiples ciudades se justifican subsidios operacionales por sobre el 80%. No hacerlo significa perder oportunidades de eficiencia y mejor calidad de vida. Los subsidios operacionales en el mundo desarrollado frecuentemente superan el 50%. En nuestra propuesta el aporte fiscal a Transantiago no cambia.

Un transporte público de calidad favorece el empleo, la productividad y reduce las externalidades sociales. Por esto, Transantiago podría financiarse a través de una carga en las liquidaciones de sueldo de los trabajadores empleados en Santiago. El costo del sistema es aproximadamente US$ 1.480 millones anuales. Con dos millones de santiaguinos trabajando con contrato, se necesitaría US$ 60 mensuales por cada uno. Incluyendo al 10% de trabajadores independientes, este monto cae en 5%.

Proponemos que el Estado reduzca su subsidio a la tarifa a un 25% y destine el otro 20% a inversiones en infraestructura y material rodante. El 75% del costo restante actual, se dividiría entre empleado y empleador, pagando cada uno $ 15 mil mensuales. Así, todos los santiaguinos se desplazarían gratis en transporte público. Todos los grupos familiares en que al menos un integrante paga un viaje por día laboral, serían beneficiados.

Esta medida no sólo incentivaría el uso del transporte público y erradicaría de raíz la evasión, sino además eliminaría todo costo asociado a cobrar y fiscalizar, incluyendo las zonas pagas. También, al permitir ingresar y salir por todas las puertas, agilizaría las detenciones de los buses aumentando su productividad. Finalmente, permitiría a la autoridad focalizarse en la calidad y provisión del servicio.

A su vez, deberían aumentar los viajes en transporte público generando beneficios para la ciudad -menos congestión, ruido, accidentes y contaminación. Las inversiones adicionales en infraestructura y material rodante deberían permitir acomodar estos nuevos viajes. Tallinn, capital de Estonia, implementó esta medida observando un aumento de 14% en los viajes y una reducción del tráfico vehicular también de 14%.

El esquema no es perfecto: exige cobrar a trabajadores que no necesariamente usarían el transporte público (aunque probablemente sí sus familias) e introduce un costo a los empleadores que podría impactar al mercado laboral.

Existen otras opciones de financiamiento (sólo en Santiago): cobrar un impuesto extra a las bencinas, subir un punto el IVA, realizar un cargo adicional en la electricidad o aumentar las contribuciones de los bienes raíces. Sería necesario determinar qué combinación de estas alternativas genera el mínimo impacto social.

Por simpleza y equidad los viajes en Metro debieran ser también gratuitos, pero esto empeoraría las aglomeraciones en la red. Para evitarlo, durante los períodos punta se podría cobrar una pequeña tarifa que desincentive su uso. Una vez que se agreguen líneas y se mejore la infraestructura de superficie, se podría eliminar todo pago en Metro.