Durante las últimas semanas, se han manifestado diversas deficiencias en la implementación de la reforma educacional promulgada por el gobierno anterior. Si bien es esperable que la ejecución de cualquier proyecto presente imprevistos, en este caso se trata de problemas que fueron ampliamente advertidos durante la tramitación legislativa, y que sus partidarios se negaron a reconocer y prevenir, aprovechando su mayoría en ambas cámaras. El excesivo simplismo a la hora de formular el diagnóstico, y más aún de plantear las soluciones, generaron expectativas sobre la reforma educacional que difícilmente van a cumplirse, traspasando además a la actual administración la responsabilidad de sacarlas a flote.
Quizás el mejor ejemplo es el caso de la gratuidad de la educación superior. Durante la tramitación legislativa se advirtió insistentemente que ésta provocaría una merma de recursos en las universidades, y que había otros medios menos gravosos de mejorar la equidad en el acceso. No obstante, ésta fue presentada como la única solución posible, al punto que se ignoraron las críticas y se perseveró con un mecanismo deficitario, cuyas consecuencias negativas ya se están viendo.
Algo similar ocurrió con la Ley de Inclusión, que se planteó como la solución a la segmentación presente en el sistema escolar, cuyo origen serían las supuestas malas prácticas de los colegios a la hora de seleccionar a sus alumnos. La caricatura que se hizo de los sostenedores de establecimientos subvencionados -a lo que contribuyeron desafortunadas declaraciones de personeros del Ministerio de Educación de la época-, llevó a responsabilizarlos de gran parte de los problemas del sistema educacional y a instalar la idea de que bastaba con erradicar dichas malas prácticas para experimentar mejoras. No obstante, los resultados preliminares han dado cuenta de que, antes que la discriminación arbitraria por parte de los colegios, el problema de nuestro sistema escolar tiene que ver con la insuficiente calidad. Y que ello es independiente del cobro de un financiamiento compartido o de cuál sea el sistema de admisión, y no se resuelve -como lo pretendió hacer la ley- estableciendo restricciones al desarrollo de nuevos proyectos educativos privados, ni prohibiendo la participación del sector con fines de lucro.
Por último, las recientes críticas del alcalde de Santiago dan cuenta de una deficiencia de la ley que establece la desmunicipalización, que si bien también se advirtió en su momento, finalmente no se previno. Esta ley se formuló como la solución instantánea a la falta de capacidades en los municipios, pero pasó por alto aspectos prácticos, como la eventual compensación a éstos por la inversión realizada en los inmuebles que deberán traspasar.
Entre otros, estos ejemplos hablan de la importancia de analizar cuidadosamente las políticas públicas, y la necesidad de que los gobiernos y el Congreso velen por objetivos de largo plazo que efectivamente logren resolver las múltiples dimensiones y complejidades de los problemas que aquejan a nuestro país no solo en materia educacional, sino también en otros ámbitos.