El proyecto de ley que busca fortalecer y modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) ha encontrado resistencias en diputados de oposición, a pesar de que en el Senado recibió una aprobación unánime. Se trata de una materia de primer orden para el país, pues existe una opinión consensuada de que una de graves falencias que presenta la seguridad pública dice relación precisamente por las carencias en materia de inteligencia.
El texto legal no considera reforzar con nuevas capacidades los estamentos de inteligencia que ya existen -esencialmente compuestos por aquellos de las Fuerzas Armadas, las policías y la Agencia Nacional de Inteligencia, esta última con atribuciones operativas muy limitadas-, sino más bien perfeccionar la actual institucionalidad de manera que se puedan coordinar mejor y facilitar el flujo de información entre ellos. De allí que las excesivas aprensiones respecto del sistema de inteligencia parezcan algo exageradas, sin perjuicio de la importancia de que existan controles efectivos que fiscalicen el tipo de información que recaba el Estado y el uso que éste le da.
El proyecto redefine el alcance de la Inteligencia, no solo limitándola a la recolección y análisis de datos, como ocurre hasta ahora, sino que la amplía a la obtención, recolección, evaluación, integración, análisis, tratamiento y almacenamiento de datos e información. Propone asimismo la creación del Consejo Asesor de Inteligencia de carácter permanente y consultivo, que tendrá por finalidad asesorar al Presidente de la República. Estará integrado por una serie de ministros de Estado, el director de la ANI y los jefes de los demás organismos que conforman el SIE. Con el solo efecto de aportar información o análisis de inteligencia también formarán parte del sistema de inteligencia otras entidades del Estado como el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero.
La ANI tendrá funciones adicionales, como la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia, y se refuerzan sus facultades para requerir informaciones que estime pertinentes de los distintos organismos del Estado.
Es razonable que el sistema de inteligencia nacional funcione más coordinadamente y se refuerce la obligación de compartir información por parte de aquellas entidades que componen el sistema nacional de inteligencia. La mentalidad de compartimentos estancos que aún subyace ha sido una de las dificultades para lograr actuar más coordinadamente en esta materia.
La necesidad de que el Estado disponga de más y mejor información para anticiparse a hechos que puedan poner en riesgo la seguridad nacional o el orden público se ha hecho más evidente en los últimos años, donde han surgido peligrosos grupos antisistema. La impunidad con que actúan grupos violentos en La Araucanía y de los que poco se sabe es otro ejemplo de la importancia de reforzar las capacidades para recabar información.
Los lamentables episodios asociados al Caso Huracán y otros donde los servicios de inteligencia han fallado estrepitosamente no deben ser pretexto para no avanzar en esta ley, sino que deben servir de aprendizaje para reforzar los controles y regular mejor una actividad muy sensible.