“No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: no a Dominga”.
Las palabras que pronunció el Presidente Gabriel Boric el día de su triunfo en las urnas, el pasado 19 de diciembre del 2021, parecían sentenciar al proyecto minero de Andes Iron, ubicado en la comuna de La Higuera, que implica una inversión de US$ 2.500 millones. Por ello, cuando el pasado miércoles el Comité de Ministros rechazó en forma unánime el citado proyecto, no fue una sorpresa para nadie. Los ministros convocados poco podían hacer frente a la posición presentada por el Mandatario.
Como lo planteó en forma directa el alcalde de La Higuera, la decisión fue más política que técnica y nunca se escuchó a la comunidad, que en su gran mayoría está de acuerdo con Dominga. “Este gobierno tiene un sesgo con este proyecto y claramente iba a pasar lo que terminó pasando. Ahora, espero que vengan para ver de qué manera salvamos a La Higuera, tal como lo dicen Oceana y todas las organizaciones ambientalistas que vienen a predicar a la zona, pero no ofrecen nada”, señaló.
Sin duda se trata de un precedente muy negativo para el sistema de evaluación ambiental que rige a nuestro país y que pone en seria duda la propia existencia del llamado Comité de Ministros, toda vez que en la práctica ha terminado en repetidas instancias politizando un proceso que debe ser eminentemente técnico.
El caso de Dominga es especialmente ilustrativo de este punto, ya que viene tramitando su aprobación desde 2013. Luego de una controvertida votación en la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) en 2017, se rechazó la calificación ambiental, algo que resultó del todo sorpresivo considerando que el Servicio de Evaluación Ambiental -organismo técnico- había emitido una recomendación favorable en su informe consolidado de evaluación.
A raíz de lo anterior, el caso fue llevado al Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet por la empresa gestora del proyecto. En esa oportunidad, el proyecto fue rechazado, en una sesión que fue duramente criticada por la premura y falta de antecedentes. En la ocasión, el ministro de Economía de la época no quiso votar y se retiró aduciendo que el ministro de Medio Ambiente le negó la solicitud de extender por unos días el plazo para votar, con el fin de tener más tiempo para estudiar los antecedentes. Lo anterior terminó con una crisis donde renunciaron los ministros de Hacienda y Economía, así como el subsecretario de esta última cartera.
Recogiendo las irregularidades del proceso, en 2021 el Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló la polémica decisión de rechazo del Coeva de Coquimbo y la del Comité de Ministros. El Coeva repitió el proceso en agosto de ese año, aprobándose la iniciativa por 11 votos a favor y uno en contra. Luego, en mayo del año pasado, Dominga recibió un nuevo espaldarazo, después de que la Corte Suprema rechazara una serie de recursos de casación, que fueron presentados por opositores a la iniciativa minero-portuaria. Así las cosas, la decisión quedó nuevamente en manos del Comité de Ministros, que esta semana, en contra de lo dictaminado por los organismos técnico y judiciales, rechazó el proyecto.
A la luz de todo lo anterior es claro que el citado Comité de Ministros demostró una vez más su sesgo político, ensuciando un proceso que debe ser técnico. Algo que partió con las palabras del Mandatario al asumir su gobierno, cuestión que no solo debe considerarse como una seria intromisión en el proceso de evaluación ambiental, sino que además le resta cualquier tipo de credibilidad a esta instancia. Se trata sin duda de un hecho grave y que termina por desprestigiar la propia existencia del citado comité en el proceso, que aún tiene proyectos pendientes de revisión por más de US$ 8 mil millones. Es por ello que llegó la hora de considerar seriamente la eliminación de esta instancia en el sistema de evaluación ambiental, idea que incluso parece encontrar respaldo entre sectores del oficialismo.
Lo sucedido en este caso habla de una decisión lamentable para el país, una que no da motivo para celebrar, como lo señaló el propio ministro de Hacienda. En esto de nada sirven las declaraciones en cuanto a que las inversiones deben respetar el medio ambiente, toda vez que este proyecto aparentemente sí lo cumplía o bien las observaciones podían ser subsanadas, como lo constataron las instancias técnicas. Lo que hay acá es una decisión política, algo que es una clara señal en contra del desarrollo de proyectos de inversión tan necesarios para el país.
Lo más grave es que el caso Dominga no es el único donde se han visto decisiones más políticas que técnicas al momento de evaluar proyectos, sino que tal conducta se ha podido apreciar en distintos gobiernos, lo cual hace urgente la revisión completa del proceso de evaluación ambiental, a fin de poder dar certezas de que las razones para aprobar o rechazar iniciativas respondan a criterios técnicos y no a la mera discrecionalidad.