Por Carlos Correa, ingeniero civil industrial, MBA
Después de las recomendaciones del comité de expertos se instaló en el gobierno la duda fundamental sobre las próximas elecciones del 11 de abril. Al calor de las brasas de las encuestas, salieron varios a proponer correr las elecciones. El argumento principal es que si en los inicios de la pandemia, el plebiscito constitucional, clave para salir de la crisis política, fue postergado hasta octubre, ¿por qué no hacerlo de nuevo?
La recurrencia del argumento permite instalar en Chile elecciones móviles. En un país afectado por contingencias de la naturaleza, tendremos siempre un motivo para no ir a las urnas. Vendrá pronto el tiempo de alguna mente creativa que propondrá correrlas en algunas regiones, resguardando las urnas. También es importante la proximidad del evento de abril. Al respecto, el director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, Gonzalo Müller, hizo ver en una nota a este diario que el umbral posible ya se pasó.
En una columna en El Mostrador, los abogados Cristóbal y Gabriel Osorio plantean una larga lista de dificultades legales y administrativas si se corrieran las elecciones. Entre ellas, la recarga en los tribunales por los traslapes de períodos de reclamos de resultados en relación con los de campaña. También el gasto electoral, tan sensible en nuestra democracia, quedaría afectado. Para el Servel fiscalizar tanto período de campaña móvil puede ser una tarea imposible.
Si se corrieran las elecciones, la prensa peruana, en especial la más amarilla, se reirá durante siglos. ¿Cómo puede explicarse que el vecino país tendrá elecciones presidenciales el mismo día que las que suspenderemos acá? La pandemia ha sido mucho más dura en el Perú, con problemas serios para conseguir vacunas, y una red hospitalaria mucho más endeble que la chilena. ¿Por qué entonces allá ni se les ocurre poner en duda la democracia?
El virus con cepas más resistentes seguirá trayendo nuevas olas que bajo la lógica de elecciones móviles hará inviables las primarias de julio, y en especial las presidenciales y parlamentarias de noviembre. Si bien la postergación de las actuales no tiene impacto alguno en el período presidencial, la tentación ante una nueva ola pandémica de sacar la calculadora será irresistible.
Otro punto es la incerteza del proceso constitucional. El alargue en la elección implica más tiempo en dicho proceso y, en especial, se tomará buena parte del gobierno que viene, y por cierto del próximo Congreso. Será difícil para el próximo presidente, que tendrá tareas urgentes como echar a andar de nuevo el país, vivir con un proceso constitucional alargado. Habrá tres organismos con capacidad de modificar la Constitución: los parlamentarios actuales, los venideros y los constitucionales. La competencia entre quién apuesta más será un verdadero carnaval del populismo. A la distancia, si no se hubiese corrido el plebiscito de abril, Chile tendría ya convención electa y, con ello, más información hacia dónde va el camino. Es importante para los inversionistas que suelen temer por los derechos de propiedad, pero también para los partidos y sus proyecciones electorales; y en especial para la gente a pie, que quiere pronto cambios de verdad en el sistema.
Hay quienes sacan cuentas alegres, y por ello se suman a la idea de postergar las elecciones, para empatizar con la protección a la salud, y de paso prender candidaturas que parecen apagadas. Pero la historia será dura con quienes contribuyan a convertir la democracia en un asunto secundario.