Las estadísticas de un país constituyen un elemento esencial para el diseño y la implementación de políticas públicas y también para el sano funcionamiento de los mercados. Autoridades, académicos, instituciones, inversionistas locales y extranjeros, entre muchos otros, toman decisiones cruciales con la información oficial.
Es por eso que la situación que está enfrentando el INE es tan preocupante. Cuando parecían haber quedado atrás los cuestionamientos por el Censo de 2012 –que terminaron con la renuncia del entonces director y la decisión del gobierno siguiente de realizar un nuevo Censo abreviado- se han sucedido hechos confusos que han terminado minando la confianza del mercado en la repartición pública. En noviembre pasado, el gobierno anunció una revisión del Índice de Remuneraciones y a los pocos días publicó una rectificación de los datos que corregía significativamente la tasa de crecimiento de los salarios reales para el año 2018.
Posteriormente, en diciembre de ese año el Banco Central cuestionó las cifras de empleo del INE y la institución reaccionó semanas después reconociendo que "la encuesta tiene problemas significativos". El problema en este caso se originaba en que el marco muestral estaba obsoleto al no incorporar el fuerte flujo migratorio de los últimos años.
Pero lo más grave es lo denunciado por las autoridades esta semana. Según el gobierno, existen indicios de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sufrió una manipulación de duración indeterminada. El efecto expansivo de este hallazgo puede tener importantes implicancias en el mercado financiero, no solo por la indexación de muchos contratos y créditos a la UF, sino porque el indicador clave para la definición de la política monetaria fue alterado, independiente de que preliminarmente la magnitud de la manipulación pareciera ser acotada.
Las motivaciones detrás de este lamentable episodio tendrá que determinarlas el Ministerio Público. Pero este grave hecho, sumado a los problemas previos, sugiere insuficientes capacidades profesionales para anticipar a tiempo los problemas o dar soluciones efectivas cuando surgen cuestionamientos o se requieren necesarias actualizaciones metodológicas. Estos graves sucesos ponen en entredicho la capacidad del organismo para proveer estadísticas confiables, lo que no solo daña la confianza de los mercados, sino que lesionan la imagen de Chile en el contexto internacional.
Discutir con suma urgencia un proyecto que le confiere autonomía al INE parece, en estas circunstancias, completamente desaconsejable. Una tarea urgente que deben acometer las autoridades es reestructurar a fondo el organismo para asegurar su competencia técnica. Posteriormente, cabría evaluar si es pertinente que el INE continúe con el actual caudal de indicadores que maneja, o si en cambio sería preferible especializarlo, donde probablemente se privilegiaría el IPC y la encuesta de empleo, delegándole a entes como el Banco Central las estadísticas económicas sectoriales. Solo una vez resueltos estos aspectos esenciales, entre muchos otros, sería razonable discutir el tipo de gobierno corporativo y sus grados de autonomía.