Por Guillermo Paraje, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Juan Carlos Said, de Horizontal
El reciente anuncio de incremento de precios en los planes de salud de las Isapres es revelador de varias cosas. La primera tiene que ver con la falta de tacto, usual en esta industria: en el medio de una contingencia sanitaria que apela a la solidaridad y al cuidado colectivo, las Isapres muestran el lado menos solidario del sistema de salud, que es “el que paga, está cubierto”. No fue casual que el gobierno extremara sus recursos para suspender temporalmente este aumento. El segundo factor revelado es la muy complicada situación financiera en la que se encuentran la mayoría de ellas.
Por un lado, están presionadas por un incremento en los costos en salud, determinados fundamentalmente por nuevas tecnologías, tratamientos y pacientes más exigentes, pero también por mecanismos ineficientes de pagos a prestadores. Aquí, las Isapres, varias de ellas integradas con clínicas, privilegiaron históricamente el pago por procedimientos, induciendo la demanda, en vez de contener costos y mejorar atención enfocándose en medicina preventiva.
Por otra parte, al incremento en costos hay que sumar que los ingresos no han crecido con la misma fuerza, producto de miles de recursos de protección que han frenado las alzas de planes. Además, se ha producido una migración de pacientes a Fonasa, que en los últimos diez a años ha pasado de asegurar a un 72%, a asegurar a un 82% de la población.
No obstante, lo peor es lo que viene. La crisis sanitaria actual va a significar un descenso en prestaciones ambulatorias y electivas, y probablemente un incremento masivo en hospitalizaciones prolongadas en camas de cuidados intensivos. Por otra parte, se espera un gran incremento en licencias médicas, usadas a menudo como virtuales seguros de cesantía, donde Isapres tendrán que optar entre una mayor deslegitimización rechazándolas, o aceptarlas e incurrir en costos financieros elevados.
Es probable, además, que la complicada situación económica que se vislumbra afecte sus ingresos, dado el carácter fuertemente pro-cíclico que estos tienen. No es difícil prever que aumentos en la cesantía, que diversos analistas han estimado podría llegar a los dos dígitos, sean acompañados de una mayor migración de pacientes al asegurador estatal, permaneciendo en el seguro privado pacientes mas enfermos y costosos para las aseguradoras, o los más litigiosos.
A nivel legislativo, además, la incertidumbre permanece intacta. No parece haber ningún proyecto legislativo de reforma a Isapres, que logre consenso en la izquierda y la derecha. Mientras en la izquierda, el apoyo es monolítico por un seguro único, en la centroderecha hay una variedad de posturas que no logran consenso.
¿Cuánto tiempo podrán sobrevivir las Isapres esta coyuntura? Probablemente no mucho, sobre todo aquellas que ya venían acarreando una estrecha situación económica (como Nueva Más Vida). Considerando lo anterior, es necesario que la autoridad comience a desarrollar desde ya planes de contingencia para asegurar la continuidad de la atención y aseguramiento, en caso de que la crisis precipite el colapso de alguna aseguradora, evitando que se repitan los sucesos acaecidos con la primera quiebra de Más Vida. En el mediano plazo, resultaría fundamental que nuestros legisladores comiencen a dar la discusión de fondo, sobre qué sistema de aseguramiento en salud queremos tener hacia adelante. Llegar por inercia a un Seguro Único, sin una modernización de Fonasa ni de los prestadores públicos, implicará necesariamente que no se cumplan las expectativas de los chilenos de acceder a mejores cuidados de salud.