Varios senadores presentaron una moción con el objeto de terminar con las notas entre 1º y 4º básico. Ello contribuiría a terminar con "la presión y el agobio que significan las pruebas y las notas" y evitaría "la comparación entre estudiantes…, que se ha convertido en una verdadera amenaza para su autoestima". A la vez, permitiría que los estudiantes progresen en sus propios tiempos, con retroalimentación y apoyo especial a quien lo requiera. Citan como argumentos para fundamentar esta propuesta un estudio de la Biblioteca Nacional, que destaca las experiencias de tres países: Estonia, Dinamarca y Finlandia, y, además, la del Liceo Experimental Manuel de Salas, que implementa un sistema sin notas desde 2017.

Basado en estas experiencias y consideraciones, la moción plantea el reemplazo gradual "de la evaluación tradicional basada en una escala numérica de notas", a través de "la utilización de criterios cualitativos que permitan dar cuenta del nivel de logro de los objetivos planteados en el currículum o, si es necesario, un plan de apoyo u otra medida complementaria". Cabe señalar que, en la actualidad, la Ley General de Educación establece que las normas para evaluar, calificar y promover a los estudiantes, deberán ser definidas en un decreto supremo del Ministerio de Educación, aprobado por el Consejo Nacional de Educación (artículo 39). Pero, además, existe un nuevo Decreto, del año 2018, que se refiere a estas materias y que obliga a los colegios a reformar sus propios reglamentos de evaluación a partir de sus orientaciones el año 2020.

En efecto, el Decreto 67 establece nuevos criterios para evaluar a los alumnos, implementando la "Evaluación Formativa" como un mecanismo principal para hacer un monitoreo permanente de los logros de aprendizajes para todos los niveles (no solo para los primeros años). Pero entrega facultades a los colegios para que determinen cómo van a implementar esos criterios.

Por lo tanto, proponer que las evaluaciones tengan un carácter cualitativo y que deban considerar una retroalimentación permanente, ya está en la normativa educacional y muchos establecimientos ya lo hacen. Además, el decreto mencionado apunta a dar cuenta de la progresión de cada estudiante "en su aprendizaje y desarrollo integral", lo que podría ser más amplio que "dar cuenta del logro de los objetivos planteados del currículum".

De allí que resulte sorprendente que los parlamentarios no hayan reparado en la existencia de este decreto.

Así mismo, es interesante destacar que en Chile se ensayó la modalidad de calificar semestralmente a los alumnos entre 1º y 4º básico, en una escala MB (Muy bueno), B (Bueno), S (Suficiente) e I (Insuficiente) (Decreto 133 de 1981). Habría que indagar porqué motivo se terminó desechando esa fórmula de calificar.

Lo concreto es que ya sea con números o con letras, la calificación requiere de la evaluación, dos conceptos que en la moción parlamentaria parecen confundir.

Lo que la calificación hace posible es una información comparable para las comunidades y las familias, ya sea con letras, con números o con informes que hoy es posible entregar a cada alumno, y en especial a aquellos con mayores dificultades.

Por lo tanto, se trata de un proyecto bien intencionado que, sin embargo, peca de liviandad y, como ya suele ser una tendencia, prescinde de la realidad. De hecho, los colegios ya están aplicando o preparándose para hacer sus propios reglamentos de evaluación bajo la orientación de un decreto reciente que contiene muchos de los objetivos que dice perseguir esta moción. Por otra parte, lo que es más grave, se sigue intentando regular todo por ley, dejando cada vez menos espacio para la autonomía de los colegios.