El país ha sido testigo que las actuales capacidades de Carabineros para hacer frente a la estela delincuencial, se han visto notoriamente excedidas. La razón es simple, estas capacidades nunca fueron dimensionadas ni planificadas para hacer frente a una inédita realidad como la que vive el país.
Casos como, Fraude, Huracán, Catrillanca, y ahora, graves imputaciones de violaciones a los Derechos Humanos, explican porque la institución se encuentra herida en uno de sus pilares esenciales, la "credibilidad", registrando solo un 37 % de aprobación.
Carabineros ha sido blanco de graves imputaciones de haber ocasionado apremios ilegítimos, vejaciones, torturas y graves daños en la salud de las personas, en particular, irreparables lesiones oculares, excesos que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos e informes emitidos por organismos internacionales en la materia, merecen ser catalogados como sendas violaciones a los Derechos Humanos. Lo anterior, debe ser objeto de una celosa investigación, tanto administrativa interna, como por parte de la Fiscalía, y luego, juzgada por los Tribunales de Justicia, a efectos de determinar eventuales responsabilidades, en el marco de un justo y racional debido proceso.
Todo lo antes señalado, refrenda la necesidad, no solo de modernizarla, sino de acometer una reestructuración histórica y estructural, es decir, implementar una insondable reforma policial, que redibuje su estructura orgánica, que la sintonice con el Chile actual y, además, establezca un antes y un después en la historia institucional, una verdadera reingeniería estructural, operativa, formativa, organizacional y de imagen corporativa, que incremente con intensidad sus niveles de transparencia, establezca su real dependencia del poder civil y la vuelva a hermanar con la ciudadanía, tal como el 2008 lo concretó satisfactoriamente la antigua PICH –Policía de Investigaciones de Chile–, hoy PDI.
Con tal fin, es impostergable introducir en su Ley Orgánica, una regulación estricta y obligatoria del uso legítimo y racional de la fuerza, a efectos de prevenir excesos como los que el país ha presenciado. Además, es el minuto de dotarla de más y mejor tecnología, en particular, de armas no letales, cuyo límite máximo sea incapacitar o inmovilizar al delincuente, evitando herirle o producirle algún tipo de lesión, tal como lo viene recomendado por la ONU y la Cruz Roja Internacional.
Es clave tipificar con total claridad las funciones preventivas preferentes que quedarán en definitiva bajo la esfera de Carabineros, así como, las menos, de carácter investigativo que se determine conservar en su poder. Ahora es cuando debe quedar nítida esta ardiente frontera que la separará de la PDI, lo que implica consagrar a nivel normativo que, de aquí en adelante, por regla general, la Fiscalía encomendará a la PDI llevar adelante las investigaciones que se susciten en el marco de la persecución penal.
A 92 años de su creación, llegó el minuto de revisar si es necesario flexibilizar su carácter militar y de establecer una nueva forma de regular sus relaciones de mando y subordinación, tanto en el plano disciplinario interno como en su imagen frente a la comunidad.
El país fue testigo que uno de los temas centrales de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, giró en torno a si fueron o no impartidas o acatadas determinadas instrucciones hacia Carabineros. Ahora es cuando debe quedar establecido el grado de control que la autoridad civil detenta sobre Carabineros, toda vez que resulta incomprensible que el Ministerio del Interior no posea –como en cualquier país del mundo– la potestad de aprobar los servicios policiales; despliegues operativos; los medios asociados a los servicios; la distribución del personal y el control presupuestario de una institución dependiente de la autoridad civil.
Carabineros en no pocas oportunidades, ha sido criticado por su poca capacidad de investigar objetivamente a su personal. En tal virtud, se torna altamente conveniente establecer el control y la supervigilancia de la Contraloría General de República, en todas las actuaciones administrativas, sin áreas vedadas como ocurre en la actualidad con los procesos investigativos –sumarios- internos que lleva adelante la institución policial.
Existen además, poderosas razones para analizar sin ardores ni prejuicios la unificación de plantas funcionarias y terminar con la diferenciación de Oficiales (PNS) y Suboficiales (PNI), con miras a tener un solo y grande Carabineros de Chile, vale decir, un cuerpo cohesionado institucionalmente, un solo equipo remando para el mismo lado, con una cancha pareja para todos que deje atrás históricas divisiones que no se condicen con una carrera funcionaria fundada en el mérito, el profesionalismo, la rectitud y en la capacidad de sus funcionarios.
En materia de capacitación constituye no solo un deber profesional, sino moral, remirar y reestudiar en forma permanente los protocolos atingentes al uso de la fuerza, así como, los programas sobre Ciudadanía y Derechos Humanos. Por otra parte, se deben aumentar las exigencias en las pruebas de admisión, tanto a nivel de conocimientos cívicos, estratégicos y, por cierto, psicológicos de los postulantes. En el plano formativo, se debe estudiar alargar a lo menos un año el trayecto académico, y agregar una visión estratégica sobre la construcción de los currículos académicos. También se torna aconsejable incorporar docentes no policiales, quienes pueden aportar y hacer trascender miradas críticas, racionales y frescas sobre temas endógenos que afectan a la institución. De igual modo, es imperioso culminar exitosamente el actual proceso de acreditación de sus planteles de formación –escuelas y carreras– por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), lo que sin dudas fortalecerá la calidad de sus procesos académicos formativos.
La capacidad de coacción de Carabineros es clave, y equivale a ejercer la fuerza al servicio del derecho, en tanto, la fuerza sin derecho es anarquía y el derecho sin fuerza, es impotencia e inutilidad. Es el momento de asumir una mirada de Estado, lo suficientemente amplia para comprender que, si Chile avanza en materia constitucional y ojalá social, Carabineros en su rol de institución permanente de la República e insustituible en la lucha contra la delincuencia, por ningún motivo puede quedar al margen del camino del desarrollo