Por Philippe Hemmerdinger, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería
Recientemente la Comisión Chilena del Cobre actualizó el catastro “Inversión en la minería chilena- cartera de proyectos 2021-2030″. El reporte considera 51 iniciativas avaluadas en US$68.925 millones. El monto es 6,9% inferior al anterior debido a dos proyectos que ya iniciaron su puesta en marcha y que en conjunto suman US$3.392 millones. Además, influye la reformulación del proyecto Expansión Andina –US$ 3.225 millones– que al aplazar a 2035 su inicio de operaciones sale de este periodo análisis, así como también una disminución de US$1.954 millones en el grupo “otros proyectos de desarrollo” de Codelco.
Según Cochilco, esta disminución respecto del catastro anterior no se debe a una pérdida de atractivo para invertir en el país. Por el contrario, el organismo añadió cinco nuevos proyectos de cobre, oro, hierro y minerales industriales, por US$2.522 millones.
El informe añade que el 70,7% de las inversiones se materializará entre 2021 y 2025. Es decir, en el periodo que administrará el país el nuevo gobierno que elegiremos en las próximas semanas y también en el que, de aprobarse, comenzará a implementarse una nueva Constitución.
Como es sabido, las opciones que pasaron a segunda vuelta representaban los dos márgenes del espectro político. Ante la imposibilidad de mantener estos extremos si se desea ganar la elección, ambas candidaturas están tendiendo hacia posiciones más moderadas, lo que incluye los asuntos socioeconómicos y ambientales. Se trata de una buena noticia para despejar ciertas nubes sobre el desarrollo futuro del país.
Asimismo, la conformación del nuevo Congreso envió una señal al trabajo de la Convención Constitucional donde en una primera etapa se observaron ciertos planteamientos maximalistas que levantaban mantos de duda sobre cuán óptimo sería este país para acoger la inversión. Concretamente, la configuración equilibrada de las fuerzas parlamentarias desdibuja la posible convocatoria a los plebiscitos dirimentes y/o la extensión del plazo de elaboración de la nueva Constitución. Para concretar los cambios necesarios, apelamos al sentido común y realismo de nuestros constituyentes.
Chile lo ha pasado mal en estos años. Hoy somos un país más pobre y, por tanto, no podemos farrearnos la posibilidad de desarrollar nuestro potencial de crear riqueza y beneficios para nuestra ciudadanía.
La minería es el motor histórico de desarrollo de nuestro país y necesita de grandes certidumbres para poder materializar sus inversiones. Pero nuestra minería ha ido perdiendo atractivo y competitividad: desde 2015, producir cobre en Chile es en promedio 30 centavos de dólar libra más caro que en el resto del mundo. Asimismo, es cierto que hoy lideramos la producción cuprífera con el 28% global… pero hace más de una década representábamos el 36%.
Algunas grandes mineras internacionales están ampliando sus inversiones al Congo. Mientras tanto, el vecino país de Zambia está trabajando un régimen estable, predecible y más competitivo para la minería. Con leyes que varían entre el 4 y 5% de cobre, estos hechos deberían ser considerados en Chile, donde no superamos el 1%.
Hasta ahora nuestra fortaleza frente a estos distritos había sido nuestra estabilidad e institucionalidad. Pero si la minería se encuentra con un entorno hostil a nivel regulatorio y dañamos nuestra certidumbre jurídica, estaremos perdiendo las inmensas oportunidades que se están abriendo en el planeta. En ese sentido, los términos poco realistas en los que se ha discutido el royalty poco ayudan a mejorar nuestra posición.
Sabemos que el mundo el planeta enfrenta una grave crisis climática, y así se reafirmó después de la reciente COP 26. Virtuosamente la lucha contra este problema está del todo alineada con los intereses de nuestro país. Por de pronto, necesitamos más energías renovables, más hidrógeno verde, más electromovilidad. Esto significa un uso más intensivo de minerales que nosotros podemos proveer desde nuestra tierra, como cobre, litio o hierro.
Lo anterior nos obliga a ser extremadamente responsables. Por lo mismo, tampoco podemos cegarnos antes los momentos de alta incertidumbre que vivimos. Nos planteamos qué impulso positivo podemos dar a este proceso como actores vivos de la sociedad. Como representantes del encadenamiento minero nacional, como Aprimin nos hemos inscrito ante la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional para aportar a la construcción del nuevo Chile.
Buscamos que las oportunidades que nos abre el mundo se concreten y beneficien inclusivamente a nuestras comunidades. Esperamos que nuestra experiencia y visión sea acogida por los constituyentes, porque nos motiva avanzar hacia un diálogo fundamentado donde podamos generar un nuevo pacto que permita el desarrollo del país de la mano de una industria minera cada vez más sustentable para nuestras regiones del norte y para el conjunto del país.