*Esta columna fue escrita junto a Andrés Peñaloza, abogado. 

El acuerdo alcanzado el 14 de noviembre reciente fue muy importante y no hay que desmerecerlo. Al contrario, creó una oportunidad única en la historia de Chile. Es motivo para celebrar y también para sacar lecciones: el movimiento social y la política (los partidos, el Congreso) tuvieron un triunfo (un acuerdo para una Constitución que se escribirá desde una hoja en blanco), pero ha habido mucho daño a las personas, destrucción y pérdida de cultura democrática. Será trabajo de los próximos años instaurar en nuestra sociedad el deber de resolver nuestros conflictos mediante la política deliberativa.

Las dos cosas más relevantes del acuerdo son la "derogación orgánica" (total) de la Constitución vigente (la llamada "hoja en blanco") y el cuorum de 2/3 para fijar las nuevas reglas constitucionales. Su principal consecuencia es que, al discutir cada tema de la nueva Constitución, si no hay amplio consenso respecto de algún artículo (quórum de 2/3), éste no será aprobado y el tema quedará "en blanco" (a nivel constitucional). Así, por ejemplo, si no hay acuerdo de 2/3 sobre la dieta parlamentaria o la titularidad sindical, el asunto no se regulará en la Constitución y deberá ser normado por ley.

Mientras aquello ocurre, lo razonable sería que mantuvieran su vigencia las leyes hoy existentes y que ojalá, no operaran mecanismos de derogación tácita (una derogación de la ley que no es expresamente hecha por el legislador, sino que lo decide un juez al constatar una contradicción entre la nueva Constitución y la ley vigente). La derogación tácita se prestaría para discusiones políticas en manos de jueces y generaría un alto nivel de incertidumbre en el sistema jurídico.

Por otro lado, los futuros quórum de las leyes serán fundamentales. En la actual Constitución existen cuorum de mayoría absoluta (de los parlamentarios presentes o en ejercicio, según el caso) y de mayoría calificada (4/7 para leyes orgánicas constitucionales y 3/5 para el sistema electoral). Con la derogación de la actual Constitución, desaparecerían esas exigencias y el nuevo texto tendría que regular los nuevos quórum legales. Será imprescindible que los temas que requieran mayor estabilidad se les exija, por ejemplo, mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio para su aprobación, modificación o derogación. De este modo, primaría la regla de las mayorías y a la vez, se lograría un nivel razonable de certeza jurídica y estabilidad regulatoria.

Si este proceso es exitoso, será muy bueno para Chile. Para ello, es fundamental que la nueva Constitución no sea la revancha de un sector por sobre otro, sino que sea -secundando a Patricio Zapata- "la casa de todos". No queremos que este nuevo texto sea otro motivo de disputas políticas y sociales, sino la primera Carta Fundamental plenamente democrática de la historia de Chile.