SEÑOR DIRECTOR
Lamentamos que, encubiertos en manifestaciones de disconformidad que legítimamente puedan expresarse, haya grupos que deliberadamente atenten contra bienes públicos altamente valorados por la comunidad, como son los servicios de transporte público y privado que tanto nos ha costado construir. No hay expresión más democrática que buenos servicios de esta naturaleza, en tanto son los que permiten terminar con la segregación, acercar a la gente, independientemente de su condición social.
Compartimos la idea de que el país no puede paralizarse; muy por el contrario. Estas señales de descontento solo refuerzan la necesidad de proyectarnos hacia un futuro mejor para nuestros ciudadanos. Nos ponemos a disposición de las autoridades para definir las condiciones que, desde la infraestructura, se deben dar para un acceso más amplio a los servicios de calidad que esta debe proporcionar: hospitales, escuelas, áreas verdes, agua potable, electrificación, comunicaciones, transporte, redes de generación y distribución de agua, entre otros. La infraestructura es, por definición, inclusiva, en tanto permite que todos tengan acceso a bienes públicos, beneficiando la calidad de vida de las personas y la productividad de nuestras actividades económicas.
La urgencia de reparar los daños causados, de mejorar servicios aún poco efectivos y proyectar los requerimientos de futuro solo será posible si se recupera el orden público y así se asegure la vigencia de una institucionalidad estable en el tiempo. De esta manera, se interpretarán adecuadamente las demandas sociales, se identificarán los proyectos necesarios y se generará una colaboración público privada para asumir los desafíos de inversión que corresponden. Este acuerdo debe alcanzarse lo antes posible y a él deben concurrir todos quienes tienen interés en el futuro del país.
Leonardo Daneri, Javier Darraidu, Pablo Allard, Hernán de Solminihac, Roberto Pirazzoli y Carlos Cruz
Comité Ejecutivo del CPI