Así titula Richard Ford su último libro de relatos, en que de manera magistral, como es su bienvenida costumbre, nos entrega breves historias de hombres y mujeres, nada muy diferentes a la vida que nos corresponde a los comunes. Amores, desamores, recuerdos que marcan para siempre, anhelos cumplidos y de los otros también. Pero para criticar libros, el diario que da este espacio tiene buenos profesionales y no necesita de aprendices. Recomiendo su lectura eso sí, y de esa forma me sumo al único de los rallados con que comulgo, de los que he visto y nuestra maltratada ciudad: "¡Apaga la TV!".

Paso a lamentar lo ocurrido, por cierto, el acto de violencia con que unos pocos impidieron que muchos rindieran su examen de admisión universitaria, pero quiero destinar las líneas que quedan a lamentar, con fuerza, lo ocurrido en Codelco, que en este tráfago de acontecimientos post 18/O ha pasado algo inadvertido. En efecto, los dueños de Codelco nos hemos enterado de que la actual conducción de la empresa interpuso una querella criminal para que se investigue la posible comisión del ilícito de tráfico de influencia por parte de Nelson Pizarro, quien fuera hasta hace cuatro meses el principal ejecutivo de la estatal. Con su conducta -se sostiene en el libelo-, el querellado privilegió los intereses de un tercero relacionado (un hijo) por sobre los de la empresa, a quien le debe fidelidad. Será la justicia la que determinará la concurrencia o no de un acto doloso, pero convengamos en que las actuales autoridades hicieron lo que en derecho correspondía, querellarse; bonita no se ve la cosa, el deber de abstenerse estaba "cantor en la especie".

A mi juicio, lo acontecido tiene una causa originaria que contribuye en que estas conductas ilícitas o malas prácticas, si se quiere ser más benévolo en el uso de las palabras mientras la investigación esté pendiente, se consumen. En efecto, es bueno compartir con el lector que a Codelco, por disposición de la ley de bases de la administración, se le aplica como regla general la norma que establece la contratación por licitación pública. Sin embargo, esta empresa ha sido contumaz a la hora de pretender, no obstante su carácter de empresa pública que integra la administración del Estado y que maneja recursos públicos, sustraerse de la aplicación de reglas básicas de probidad contenidas en disposiciones legales. En esa lógica ha concurrido a tribunales pidiendo la nulidad de derecho público de lo resuelto por la Contraloría.

Bueno y urgente sería que el Presidente de la República, por intermedio del titular de Minería, ponga fin a esta discusión y permita la actuación plena del organismo contralor. Lo pide uno de los propietarios, no vaya a ser cosa que de nuevo se les pase un numerito como el que hoy motivó la querella y sea necesario volver a lamentar lo ocurrido. Los hechos han demostrado que la Contraloría no estaba equivocada cuando reclamaba que una empresa de la magnitud e importancia de Codelco debe ser fiscalizada por un órgano autónomo y con conocimiento en materia de control.