Se han dado a conocer los resultados de la Enusc del año 2018, que contiene datos relevantes para comprender lo que ocurre en materia de delincuencia en el país. El más esperado es la tasa de victimización de hogares, es decir, el número que fue víctima de algún delito de connotación social en los 12 meses anteriores. La noticia es positiva. Se produjo una disminución estadísticamente significativa de un 28% en el 2017 a un 25,4% el 2018, es decir, de un 2,6%. A destacar es el quiebre de una tendencia al aumento desde el año 2013, aun cuando estamos por sobre los niveles que llegamos a tener entre los años 2012 y 2014. A pesar de la buena noticia, no hay que apurarse en cantar victoria ya que no sabemos bien qué es lo que explica estos resultados y si es que tienen posibilidad de proyectarse en el tiempo.
Junto con lo anterior, la Enusc nos arroja un resultado muy preocupante: la baja significativa en la tasa de denuncia de delitos de un 38,5% el 2017 a un 35,1% el 2018 (3,4%). Si se considera el año 2015, la baja es mayor ya que la tasa era de 43,5% (8,4%). La denuncia es un elemento clave para perseguir y sancionar delitos. Según muestra la evidencia comparada y nacional, los sistemas de justicia criminal trabajan casi exclusivamente en delitos que son denunciados por las víctimas o personas cercanas a ellas. Por otra parte, también muestra que tienen escasa capacidad para conocer autónomamente delitos cuando no son denunciados. En consecuencia, una baja en la tasa de denuncias tiene un impacto muy directo en nuestra capacidad de sancionar delitos.
La Enusc nos entrega datos interesantes y preocupantes acerca de las razones por las que las personas no denuncian. Un alto porcentaje tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones del sector. Así, un 15,6% señala no denunciar debido a que estima que la policía no hubiera hecho nada y un 12,5% tratándose de los tribunales. A ello agregue un 1,2% que relata que la policía le recomendó no denunciar (¡gravísimo!). Se suma una percepción de cierta desesperanza respecto a las posibilidades de esclarecimiento de los casos: un 18,8% considera que la policía no podría haber hecho nada. También parece ser relevante la evaluación costo-beneficio que hacen las víctimas: un 13,3% estima que el trámite toma mucho tiempo y un 16% que la pérdida no fue suficientemente seria.
Abordar esta cuestión es urgente. Si esta tendencia se consolida, tenemos una piedra de tope para cualquier estrategia orientada a mejorar la persecución y sanción de delitos. La Enusc sugiere que a corto plazo hay que mejorar algunos procesos de trabajo del sistema, por ejemplo en las policías. A mediano plazo se hace necesario avanzar en cambios más estructurales. Pero antes de seguir adoptando políticas públicas sin evidencia en materia de seguridad, como lo hemos hecho preferentemente hasta ahora, se requiere que tengamos un diagnóstico más fino sobre la realidad.