En enero, la sorpresiva aparición de Juan Guaidó como líder de la oposición fue seguida por meses de actividad frenética en la crisis de Venezuela. Pero la apuesta del presidente de la Asamblea Nacional de que la masiva movilización interna y la presión internacional pondrían fin a la dictadura de Maduro fracasó.

Hoy parece haber una pausa en el gran drama. Nadie está muy seguro de los próximos pasos. Las conversaciones en Oslo son secretas y el progreso es incierto. Las protestas callejeras en toda Venezuela se han calmado. En Washington, por el momento, se habla menos de Venezuela. El presidente Trump incluso ha dejado de tuitear sobre la peor crisis del hemisferio.

Es en este contexto que la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, ahora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realiza una visita de tres días a Venezuela. La visita llega en un momento crítico y será vigilada de cerca. Las reuniones planificadas cubren toda la gama, desde Maduro y altos funcionarios del gobierno, Guaidó y otras figuras de la oposición, líderes económicos, representantes de la sociedad civil y, por supuesto, víctimas de violaciones de derechos humanos.

Aunque es difícil predecir el resultado final de la visita, hay pocas dudas de que ambos lados de este estancamiento trágico y prolongado tratarán de obtener la máxima ventaja política. Para Maduro, los beneficios potenciales de la visita de Bachelet son obvios: puede intentar explotarlos para legitimar su gobierno dictatorial. El mensaje a la comunidad internacional sería claro: a pesar del hecho de que, de acuerdo con la constitución, más de 50 gobiernos han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela, Maduro está firmemente en control del territorio nacional. No obstante como uno desee describir a Maduro, la Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no puede evitar reunirse con él en una visita oficial. El gobierno espera que la foto de Bachelet y Maduro ayude a superar su aislamiento de la mayoría de las naciones latinoamericanas y europeas.

La decisión de Maduro de liberar a unos 21 presos políticos antes de la visita tenía la intención de proyectar el lado más suave del régimen y ganar buena voluntad internacional (según grupos de derechos humanos creíbles hay 700 presos políticos en Venezuela). No obstante, es difícil imaginar que Bachelet hará algo más que emitir un informe muy severo sobre la grave situación de los derechos humanos en Venezuela. Su equipo del Alto Comisionado, de los Estados Unidos, recientemente realizó una evaluación dura. Aunque Maduro hará todo lo posible para mostrar una imagen más positiva, es imposible ocultar la catástrofe de Venezuela: las condiciones inhumanas de las cárceles y los presos políticos; la crisis de los refugiados, el sistema de salud desastroso; la ausencia de instituciones que funcionen; y la flagrante y sistemática violación de los derechos civiles y políticos.

En ese sentido, la visita de Bachelet también podría ser costosa para el régimen y ofrecer una oportunidad para las fuerzas democráticas del país. Podría poner la crisis de Venezuela en el centro de la escena internacional y ayudar a ganar más simpatía por las numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos. Y podría permitir a las Naciones Unidas posicionarse como un actor más creíble y eficaz en la crisis de Venezuela. Hasta ahora ha sido marginal. Al final, será necesaria alguna negociación. Las organizaciones internacionales como la ONU tendrán un papel fundamental en la implementación de los acuerdos que se alcancen y en la asistencia a una nación desesperada por  un cambio profundo.