Por Eduardo Toro, director ejecutivo de la Fundación Conecta Mayor UC
Hace unos días, el Presidente Piñera presentó un proyecto de ley que busca reconocer la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad. Al igual que la Ley de Inclusión Laboral, esta iniciativa permite integrar a un grupo en base a los pilares de autonomía, oportunidades y no discriminación. Un camino adecuado que debemos celebrar, pues va en línea con generar un verdadero cambio cultural.
Sin embargo, cuando se trata de inclusión de personas mayores, vemos con preocupación cómo en reiteradas oportunidades pareciéramos tomar el camino contrario. Mientras el proyecto de ley mencionado otorga más autonomía, actualmente se debate la exigencia de un Certificado de Lucidez en las notarías a los mayores de 75, cuestionando así la libertad de un grupo etario que no solo representa al 20% de la sociedad, sino que también es en un 86% autovalente.
Lo anterior ahonda una crisis que debemos combatir a tiempo: un cuarto de la población mayor declara sentirse excluida. Esta cifra no debería sorprender, pues continuamente nos encontramos frente a situaciones que relegan el rol de las personas mayores. Desde la política, al usar slogans como la urgencia del cambio generacional y la escasa protección al empleo en la tercera edad, hasta el almuerzo familiar del domingo, donde la persona mayor se sienta a la mesa, pero no se le incorpora en la conversación.
Así, “ya no nos escuchan” resulta un reclamo recurrente que levantamos en Fundación Conecta Mayor por parte de los beneficiarios de nuestra Central de Acompañamiento. Subestimamos a los mayores con miradas edadistas que los subyugan a ser testigos de decisiones que los atañen directamente y de la historia que ellos mismos han creado. Se nos olvida, además, que con ello nos menospreciamos también a nosotros mismos, los mayores del mañana.
Asimismo, se suma una visión acotada de los temas que le incumben a este grupo, restringiéndolos a pensiones y acceso a la salud, fundamentales sin duda, pero que no reflejan la realidad según evidencia la consulta pública de Voces Mayores. Por ejemplo, al preguntar ¿qué derechos no están garantizados en Chile?, los mayores de 60 priorizaron la seguridad y una vida sin violencia.
Para cambiar esas imágenes incompletas se requiere un diagnóstico más certero. Urge retomar, por ejemplo, la “Encuesta Nacional de Inclusión y Exclusión Social de las personas mayores en Chile”, que llegó hasta su quinta versión en 2017. Solo con una radiografía amplia se podrán construir políticas públicas que incluyan a los mayores desde sus propias demandas y aflicciones.
En un país que envejece cada día más, resguardar la autonomía e independencia de este grupo debiese ser una prioridad y tarea de todos, desde las futuras autoridades hasta las organizaciones de la sociedad civil, pasando por ti, por supuesto, en el almuerzo del próximo domingo.