SEÑOR DIRECTOR:
Las 8.000 plazas vacantes en Carabineros de Chile es la consecuencia de erróneas políticas públicas que han desmantelado progresivamente la institución.
A la tasa anual de retiros en el escalafón de Orden y Seguridad, se sumaron otros 700 de forma prematura, un centenar de carabineros sometidos a procesos penales e ideológicos y, probablemente, otros muchos que evaluaron y están avaluando adelantar su retiro.
Para gestionar estas plazas vacantes se necesita apoyo político verdadero, una defensa jurídica que no obligue a rifas de solidaridad, acceso a GES en medicina curativa y aumento de las remuneraciones imponibles, de las cuales, un porcentaje se podría transferir a quienes deseen prolongar la carrera, mejorando en un 100% los bonos de permanencia; así, el Estado extiende la vida útil del carabinero y reduce gastos en pensiones.
Pero además existen otras opciones para readecuar la oferta de carabineros. En este sentido, las tres subsecretarías del Ministerio del Interior y Seguridad Pública podrían trabajar en la optimización de cuarteles, por ejemplo, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que tiene cuatro de ellos, versus San Joaquín, San Ramón y San Miguel, consolidados en un solo; o en Cochamó, que posee seis retenes sin una tenencia como mando único local; al contrario de lo que ocurre en Río Verde, única localidad en Chile continental sin cuartel policial.
Finalmente, hay otras variables muy sensibles, como la recarga laboral y la anulación del carácter militar de Carabineros en la propuesta constitucional, que hacen desviar la mirada hacia Europa. En España, por ejemplo, la Benemérita Guardia Civil cuenta con la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que defiende los intereses profesionales y laborales de los agentes y bienestar de las familias.
Hero Negrón Schlotterbach
General (r) de Carabineros