El ajuste de las reglas electorales para posibilitar la inclusión de grupos con menor significación numérica, pero con fuertes preferencias por una variedad de causas, ciertamente aumenta la representatividad del sistema político. En el caso de la Convención Constituyente el Congreso aprobó normas que permitieron la reducción de requisitos para construir listas de independientes, con el fin de que pudieran lograr mayor representación. El resultado fue la elección de un muy alto número de independientes, tal que, sumando los que compitieron en listas, con los que ocuparon cupos de los partidos políticos, lograron capturar una amplia mayoría de los asientos en disputa.
La alta representación lograda por los independientes en la Constituyente sintoniza con la voluntad ciudadana que -tratándose de una nueva Constitución Política- valoraba recoger el máximo de preferencias y sensibilidades; pero va a dificultar el proceso de negociación y el logro de acuerdos. Esto no es tan grave tratándose de la Constituyente, que no busca definiciones concretas respecto de cada tópico de interés de un grupo específico, sino más bien las reglas generales que den el espacio para que cualquiera de esas inquietudes pueda ser siempre protegida o apoyada en su desarrollo con políticas adecuadas.
Distinto es el caso de la operatoria normal del Poder Legislativo, donde el ejercicio -enmarcado en esas reglas básicas que establece la Constitución- es precisamente lograr acuerdos sobre temas y políticas específicas, asignar recursos y reaccionar en forma expedita, a través de una legislación oportuna, ante circunstancias sobrevinientes. Para esta función de colegislación con el Ejecutivo, la dispersión de puntos de vista y la ausencia de visiones compartidas por grupos amplios de legisladores sobre las orientaciones deseables para el desarrollo del país, se traduce en déficit de gobernabilidad.
Es importante para la democracia la existencia de partidos fuertes, constituidos en torno a visiones globales sobre cómo hacer progresar el país, elaboradas con consideración explícita de las limitaciones que impone la realidad. Frente a esto, la simple suma de múltiples intereses específicos aportados por los independientes, en ausencia de visiones comunes e integradoras, puede llevar a procesos legislativos extremadamente engorrosos o altamente inconvenientes si llegan a derivar en meras transacciones entre intereses particulares.
Por ello, sería erróneo concluir que la suavización de los requisitos para constituir listas de independientes, que llevó a la diversidad y dispersión de visiones que se consideraba deseable para el ejercicio constituyente, deba ser replicada para las elecciones parlamentarias. La experiencia con el funcionamiento de la ley electoral, tras la eliminación del sistema binominal, apunta más bien a revisar aquellas disposiciones que han llevado a dispersión, falta de gobernabilidad y el debilitamiento de los partidos políticos que ha restado eficacia a la democracia en desmedro del potencial de progreso del país.