Por Andrea Repetto y Annie Dufey, Espacio Público
La crisis sanitaria ha traído costos económicos y sociales sin precedentes, los que se suman a la grave inequidad que aqueja a Chile. Se trata de una inequidad que se refleja en muchas esferas, entre ellas, la territorial y su dimensión ambiental y climática, y la de género.
Chile es un país vulnerable al cambio climático, que amplifica los riesgos existentes y que tiene consecuencias, como la sequía y los desastres naturales que afectan más duramente a los más vulnerables.
Algunos de los avances de décadas recientes han sido borrados por la pandemia que ha impactado más fuertemente a sectores donde prima la ocupación femenina. Muchas mujeres que han perdido sus empleos han dejado de buscar otro debido a la necesidad de hacerse cargo de lo doméstico, en un contexto de desigual distribución de estas tareas.
La crisis y la magnitud de recursos fiscales destinados a aliviarla son una oportunidad para impulsar una reactivación sostenible, resiliente e inclusiva. Ello, no solo para evitar una tragedia social o ambiental, sino porque hacerlo es bueno para el crecimiento y el empleo.
Diversas instituciones multilaterales coinciden en que impulsar una reactivación en torno a desafíos como la descarbonización, resiliencia e igualdad de género es la forma en que los recursos involucrados sean una inversión y no una carga para las generaciones futuras.
Un estudio del Banco Mundial sugiere que implementar las medidas de nuestro compromiso climático aumentará en 4,4% el PIB al 2050, lo que se agrega a la evidencia que indica que una mayor resiliencia climática reduce la desigualdad. Más aún, un estudio reciente de la OIT y el BID concluye que una recuperación focalizada en la descarbonización generará 15 millones de empleos en la región. Asimismo, una mayor participación laboral de las mujeres promueve el desarrollo económico, pues cada punto porcentual adicional eleva el PIB en medio punto porcentual.
El Plan Económico de Emergencia anunciado por el gobierno destinará un monto importante de fondos a obras públicas. De ellos, US$ 1.350 millones se destinarán a proyectos verdes. Otros US$ 2.000 millones irán a subsidios al empleo, con beneficios mayores para las mujeres. El plan tiene el potencial de empujar la actividad, pero no es claro que represente uno de reactivación resiliente e inclusiva. Por un lado, falta claridad respecto de cuán alineado está con los esfuerzos climáticos requeridos y la adicionalidad sobre lo existente. Por el otro, las obras públicas tienen un sesgo masculino que no es compensado por el componente de género del subsidio. Se requiere de medidas de apoyo al cuidado de dependientes y a los sectores que contratan mujeres para hacerlo efectivo.
Generar empleos es urgente. Pero ello debe hacerse abordando simultáneamente los desafíos de un desarrollo sostenible y una prosperidad de largo plazo.