El actual gobierno lleva poco más de dos meses en el poder, y producto de una serie de errores no forzados o falta de cálculo político, ha sido objeto de una dura embestida por parte de la oposición. Así, ya se ha registrado una interpelación parlamentaria al ministro de Salud -incluso el Frente Amplio evalúa presentar una acusación constitucional en su contra-, y próximamente será interpelado el ministro de Justicia; en tanto, el ministro de Hacienda ha sido objeto de una querella por su cuestionado viaje a una universidad de Estados Unidos -acción a la que el Consejo de Defensa del Estado no se plegará-. A su turno, el movimiento estudiantil realizó en abril una masiva marcha, amenazando que si el Ministerio de Educación no acoge sus demandas, entonces "volverán a la calle".
Hay una evidente tensión en el ambiente político -algunos analistas hablan ya de una "crispación"-, que no parece tener ningún correlato con la situación que hoy vive el país, cuyos indicadores más fundamentales están en general bajo control -la economía, por de pronto, está mostrando signos de reactivación-, en tanto que la propuesta de reformas que el gobierno ha planteado al país no contempla por ahora ningún cambio que altere de fondo las reformas aprobadas bajo la Nueva Mayoría.
Si bien es indiscutible que la oposición está llamada a jugar un rol de contraparte y fiscalizadora del gobierno, la desmedida amplificación de los conflictos y el cerrado atrincheramiento en lo que se ha denominado "el legado", está provocando un clima que dificulta los entendimientos políticos y desvía la atención de los problemas más urgentes e impostergables a los que debe abocarse el país.
Parte de las dificultades para lograr acuerdos con la oposición se puede deber a que ésta se encuentra fragmentada, sin un partido que haga de eje. Pero a juzgar por el tono beligerante con que se están enfocando las discusiones públicas, queda la impresión de que la razón más de fondo obedecería al golpe que implicó la pérdida del poder y el intento de recuperarlo a toda costa, una estrategia que supone entonces no facilitar las cosas al gobierno.
En ese sentido, no ha sido una buena señal que parte de la oposición se haya restado a participar de antemano en las mesas de diálogo a las que ha convocado el gobierno con el objetivo de construir acuerdos nacionales en torno a cinco grandes áreas. Es parte de las reglas de la democracia que puedan existir divergencias respecto a las fórmulas para superar estos problemas, pero en cambio es difícil de justificar que se supriman las instancias de diálogo cuando ni siquiera el gobierno ha tenido la oportunidad de presentar sus propuestas.
Hay un contraste evidente en la actitud de parte de esta nueva oposición con aquella que acaban de mostrar reconocidas figuras de la ex Concertación, que aceptaron integrar la mesa de trabajo a la que convocó el gobierno para un acuerdo nacional en torno a un desarrollo integral. Esa imagen de unidad recordó aquellos tiempos en que el diálogo entre fuerzas políticas antagónicas era posible, lo que trajo grandes beneficios al país. Las fuerzas continuadoras de la Nueva Mayoría tienen ahora la misión de demostrar que su rearticulación no será sobre la base de un obstruccionismo, ni exacerbando los conflictos.