Esta semana, el Senado se encuentra discutiendo el Ingreso Familiar de Emergencia. Se trata del proyecto presentado por el gobierno para ir en ayuda de los trabajadores informales en situación de vulnerabilidad, luego de que éstos quedaran excluidos del resto de los instrumentos que se han creado para apoyar el empleo formal que se ha visto impactado por el Covid-19. Se trata de una propuesta interesante que permite complementar los ingresos de quienes se encuentran desprotegidos y que no pueden seguir esperando.
El gobierno ha acertado en identificar a grupos que presentan circunstancias laborales diferentes, que ameritan mecanismos distintos para llegar efectivamente a cada uno. Es así como se observa una complementariedad entre las medidas dirigidas a trabajadores que cotizan para el seguro de cesantía, ahora para los informales, e incluso para los que trabajan a honorarios (proyecto que se anunció la semana pasada).
Ante la ausencia de información, el Ministerio de Desarrollo Social hará un esfuerzo por actualizar su Registro Social de Hogares con datos de los últimos tres meses, pudiendo incorporar así a quienes se han visto afectados por la paralización de actividades informales. Pero, además, el proyecto incluye a aquellos hogares que, teniendo alguna fuente de ingresos formales o una pensión, dependan mayoritariamente de fuentes informales. Ello significa reconocer la vulnerabilidad en que éstos se encuentran, sin castigarlos al excluirlos de una ayuda que igualmente necesitan.
El proyecto contempla beneficios cuya magnitud no tiene precedentes, llegando a un estimado de 4,3 millones de personas, por tres meses y con montos de hasta $ 260 mil en el caso de una familia de cuatro integrantes. Sin embargo, la oposición ha sido crítica, exigiendo al gobierno que aumente todavía más el gasto y la cobertura del beneficio. Incluso la Cámara de Diputados rechazó la parte del proyecto que se refiere al monto del subsidio, dejando al Senado la responsabilidad de llegar a algún acuerdo que dé viabilidad a la iniciativa. Además de eludir la importancia de mantener los incentivos al trabajo formal y a la posterior reactivación, se trata de una petición poco realista que hoy está entrampando la premura que esta solución requiere.
El costo total estimado del proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia es de US$ 802 millones. Y si bien el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa un fondo de hasta US$ 2 mil millones para ir en ayuda de los trabajadores y familias vulnerables, hoy no existe certeza sobre cuánto durará la pandemia y si será necesario otorgar nuevos apoyos durante el segundo semestre. Naturalmente el monto exacto del subsidio es debatible, pero parece prudente dejar un margen de gasto para más adelante, ya que no cabe descartar que se requiera destinar recursos para empleos de emergencia y otras iniciativas que ayuden a reactivar y reimpulsar el trabajo de estas familias.