Los hechos de violencia en La Araucanía -también en zonas del Biobío- se han multiplicado en el último tiempo, no solo en cantidad, sino también en violencia. Las denuncias de personas que han sido atacadas en sus propias casas, a punta de pistolas, para luego proceder a la quema de los inmuebles, siguen incrementándose, lo mismo que la quema de maquinaria agrícola y de faenas forestales.
Ha sido un verano especialmente violento en la “macrozona”, epicentro del llamado conflicto indígena. Es por ello que el Presidente de la República convocó esta semana a un gran acuerdo nacional, “que permita unir nuestras fuerzas para derrotar esta ola de violencia y de atentados terroristas”. Para estos efectos el viernes congregó en La Moneda a las principales autoridades del país -cuyos resultados parecen por ahora más bien discretos-, y el lunes sostuvo reuniones con los altos jefes policiales y el Estado Mayor Conjunto, sugiriendo con ello que las Fuerzas Armadas podrían jugar un rol más activo en el control del orden público, algo que debe ser evaluado con especial detención, por los inminentes riesgos que algo así implica. Todo esto ocurre cuando representantes de Chile Vamos solicitan al Mandatario que decrete el estado de sitio en La Araucanía, idea que no ha sido descartada por el gobierno.
La incapacidad para controlar el orden público en la zona está resultando demasiado cara para el país, pues el nivel de violencia parece estar fuera de control. Si no se actúa cuanto antes en defensa del estado de derecho, no solo habrá sido un fracaso completo del Estado, sino que existe el inminente riesgo de que surja la autotulea de la población o comiencen a campear grupos guerrilleros, con capacidad de ejercer control territorial. Esto, que debería ser un tema de primer orden, por constituir una amenaza directa a la estabilidad del país, inquietantemente sigue encontrando indiferencia en muchos.
En este muy delicado contexto, la idea de un acuerdo nacional puede ser una oportunidad para buscar una salida y evitar la escalada de violencia. Pero sería un error limitarlo a una dimensión puramente policial, o poner el acento exclusivamente en reforzar la legislación antiterrorista. Siendo lo anterior indispensable, es fundamental alejarse de la lógica de “mano dura o mano blanda” -ello es inconducente, pues no hace sino entrampar el debate-, y avanzar hacia un entendimiento integral y definitivo del problema, que asuma la gravedad de lo que está en juego, pero que también se haga cargo de las carencias ya largamente diagnosticadas en la causa indígena.
De allí que un primer contenido de un acuerdo debería ser condenar sin ambigüedades la violencia -no puede seguir existiendo relativización respecto de acciones que ya son claramente terroristas-, y que ésta es incompatible con una democracia. Sin embargo, una dimensión no suficientemente abordada tiene que ver con los problemas relacionados con Carabineros, donde una serie de desafortunados hechos -Caso Huracán, Catrillanca y otros- han resentido la confianza en la institución y no facilitan su despliegue, haciendo recaer en la PDI una mayor carga. Recuperar la plena legitimidad de Carabineros en la zona debe ser parte de cualquier acuerdo político, y por cierto reconocer el aporte fundamental que esta institución tiene para el país.
Un aspecto que resulta crítico de abordar es la actual política de compra de tierras. Esta, que es una demanda central de la causa indígena, inexplicablemente parece haberse visto ralentizada en el último tiempo, sin ejecutarse todo el presupuesto destinado para estos fines. Es inevitable que ello genere sentimientos de frustración en las comunidades -en especial entre aquellas que ya cuentan con certificados de “aplicabilidad” entregados por el Estado-, pero es aún más preocupante por el hecho de que puede ser una de las razones que estén detrás del aumento de la violencia. Esto constituye un llamado de atención para el gobierno, que no debe desentenderse de esta responsabilidad, y ha de buscar forma de retomar esta agenda lo más pronto posible. Un acuerdo nacional debería concordar la extensión de terrenos que han de ser adquiridos, y asegurar que exista el debido financiamiento, constituyendo una política que trascienda gobiernos.
También debe avanzarse en la demanda por reconocimiento a los pueblos indígenas, iniciativa que ha estado presente en distintos gobiernos, pero que ninguno ha logrado concretar apropiadamente. Si bien la instancia constituyente tendrá esto como uno de sus objetivos, no hay razón para no seguir avanzando, por ejemplo, en escaños reservados en el Congreso y proteger la cultura de los pueblos originarios.
El gobierno debe ahora asegurar que su llamado a un acuerdo no caiga en el vacío, sin desaprovechar la oportunidad para que sea el puntapié a una solución definitiva.