Como una "burla" calificaron los miembros de la oposición que integran la comisión mixta de libertad condicional algunas disposiciones de la propuesta que presentó este martes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ante la instancia.
El texto buscaba adecuar la norma vigente al Estatuto de Roma, el que fija los requisitos que deben cumplir los condenados por delitos de lesa humanidad para optar al beneficio.
Así, el Ejecutivo planteó que podrá solicitar la conmutación de la pena aquel condenado que habiendo cumplido 2/3 de la pena, cumpliera, además, uno o varios de los siguientes requisitos: "haber manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar en la investigación"; haber "facilitado de manera espontánea la ejecución de las resoluciones durante la etapa de investigación y enjuiciamiento, en particular colaborando en la localización de los bienes sobre los que recaigan multas, comisos o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas"; haber acreditado que han aportado "antecedentes serios y efectivos" en otras causas; y, por último, el deterioro de su estado de salud física o mental o su edad avanzada.
Si bien en la instancia valoraron que el Ejecutivo se hiciera parte de la discusión, fueron dos los puntos cuestionados por la oposición. Por un lado, el que la propuesta de Justicia no sea de carácter retroactivo, es decir, que no se aplique a condenados por delitos contra los DD.HH. cometidos en el pasado. Y, por otro, la ausencia del requisito de "disociación de la pena" o arrepentimiento, contemplado en las normas de procedimiento y prueba del mismo Estatuto de Roma.
Fue el senador José Miguel Insulza (PS) quien tomó la palabra y, pese a no ser miembro de la comisión, advirtió que la irretroactividad de la norma "es una burla". Asimismo, el senador Harboe advirtió al titular de Justicia que el derecho internacional "siempre ha tomado en consideración el arrepentimiento", ya que "una persona que no entiende que el delito de lesa humanidad es algo malo, es alguien que no puede reinsertarse".
Ante las críticas, Larraín justificó la decisión de no incluir esa figura, argumentando que no se pueden fijar "criterios subjetivos" que dicen relación "con el fuero íntimo" de los condenados que pueden considerar que son inocentes. Además, el ministro acusó a la oposición de estar utilizando este tema dada la coyuntura que generó la liberación de seis condenados por violaciones a los DD.HH.
Sobre la retroactividad de la norma, Larraín puntualizó que serán los tribunales de Justicia o el propio TC los que resuelvan aquello.