Con la presencia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la comisión de Seguridad del Senado continuó este martes la discusión en particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales buscando mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

Monsalve presentó las 12 indicaciones del Ejecutivo a la iniciativa que tiene una urgencia simple de tramitación e hizo hincapié en el “desafío que tiene el país en materia de crimen organizado”.

La autoridad afirmó que el proyecto busca “mejorar las condiciones de seguridad de la población golpeando a las organizaciones criminales en aquello que constituye su elemento sustancial, en materia patrimonial, porque finalmente el crimen organizado es un negocio”.

“Si queremos tener éxito en materia de crimen organizada tenemos que golpear su patrimonio”, enfatizó.

Entre las indicaciones presentadas se plantea la regulación del comiso, explicándose que en la legislación vigente, de la Ley 20.000, no existe una regulación sistemática. Por ello, buscan vincular las normas que hay, con otras que regulan esta misma institución, como es el caso de la Ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Por otro lado, se propuso la ampliación de las empresas e instituciones obligadas a entregar información, respecto de actividades sospechosas, a la Unidad de Análisis Financiero. Con esto se pretende fortalecer la lucha contra las organizaciones de criminalidad organizada, desde un aspecto económico dado que permitiría identificar actividades como el lavado de dinero, actividad que permite ocultar el origen ilícito de los bienes.

Según la propuesta del Ejecutivo, los nuevos rubros que se verán obligados a informar de actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero son:

  1. Personas dedicadas a la fabricación o ventas de armas y clubes de tiro, caza y pesca. Ello es importante para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  2. Comerciantes de metales preciosos, comerciantes de joyas y piedras preciosas y automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados.
  3. Incluir a las empresas de leasing de forma general, no limitarse solamente al leasing de vehículos.
  4. Empresas de arrendamiento de vehículos.
  5. Asociaciones o entidades registradoras de equinos de raza pura.