“Nosotros no solo vamos a poner los antecedentes de todos quienes sean responsables materialmente de la muerte, sino también de las autoridades políticas”.
De esa forma el Presidente Gabriel Boric anunció este jueves que desde el gobierno están trabajando en la entrega de antecedentes a la fiscalía en el marco del caso de lesa humanidad, tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.
Durante la mañana, -en una entrevista con radios regionales concedida desde La Moneda-, el Mandatario reveló que “hace poco nos llegó una comunicación de fiscalía para, justamente, poner todos los antecedentes que tengamos” respecto al caso. En ese escenario, aseguró que “lo estamos haciendo” y que “ese es nuestro deber como Estado, que no haya impunidad”. Sin embargo, precisó que “no soy yo el encargado de juzgar”.
Horas después, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, explicó que se trataría de una solicitud “en la que el gobierno tiene que recopilar distintos antecedentes que haya en todas las reparticiones públicas”, ya sea de “comunicaciones, de acciones que se hayan realizado, de sumarios que puedan existir en torno a lo que derivó después en graves violaciones a los derechos humanos”.
Ante dichos anuncios, el otrora ministro de la Segpres durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Juan José Ossa, salió al paso y aseguró que -cuando estaban en La Moneda- entregaron todos los antecedentes solicitados al Ministerio Público.
“En una democracia con Estado de Derecho como es Chile, deben investigarse todas las situaciones, especialmente aquellas referidas a derechos humanos”, señaló y agregó que “el gobierno siempre debe colaborar con el Ministerio Púbico, tal como siempre lo hicimos durante nuestro gobierno, entregando todos los antecedentes solicitados”.
En ese sentido, indicó que durante el tiempo en que fueron administración -y que se desarrolló el estallido social- “instruimos permanentemente a las Fuerzas de Orden y Seguridad respecto del absoluto y total respeto de los derechos humanos de todos”.
Así también, señaló que “fortalecimos los organismos defensores de los derechos humanos en Chile, aplicamos una política de total transparencia e invitamos a los organismos internacionales de derechos humanos a venir a Chile a observar en terreno la situación”.
Piden a Contraloría pronunciarse por correos eliminados
La causa por eventuales delitos de lesa humanidad de autoridades es indagada por la fiscala jefa de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong.
El 22 de marzo, la persecutora remitió un oficio al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, solicitándole el “resguardo, en formato PST, de los correos electrónicos” de los exministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado.
Este jueves, el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, presentó junto a la abogada de Londres 38, Karina Fernández, una denuncia ante la Contraloría General de la República por presuntas faltas de exfuncionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de la administración de Piñera por haber eliminado correos de la cartera que podrían haber sido requeridos en la indagatoria.
“Es indispensable se aclaren los sucesos que derivaron en la violación de derechos humanos de cientos de personas no solo en la Región Metropolitana, sino que también a lo largo del país”, sostuvo el legislador oficialista, acotando que, en esa línea, es importante que ante la eliminación de correos el órgano fiscalizador “determine si efectivamente hubo o no falta a la probidad y quiénes son los responsables de una decisión que puede afectar el futuro de la investigación”.