Desde que la expresidenta Michelle Bachelet nombró, en febrero, a Javiera Blanco como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la exministra de Justicia ha estado en el foco de las críticas de parlamentarios de Chile Vamos, quienes la han cuestionado por el rol que tuvo como secretaria de Estado en los errores que hubo en el Registro Civil en la confección del padrón electoral, la controversia por las abultadas pensiones de Gendarmería y, además, por la crisis del Sename.
Por estas razones, en más de una ocasión han pedido que sea removida de su cargo, el que tiene una duración hasta que cumpla los 75 años de edad. Así, el 8 de agosto pasado, los diputados UDI Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma enviaron una carta al Presidente Sebastián Piñera pidiendo que saque a Blanco del CDE.
Este jueves, parlamentarios oficialistas reactivaron su solicitud y aumentaron la presión sobre el Mandatario para que remueva a la exsecretaria de Estado del CDE. Esto, luego de que CNN Chile publicara un reportaje en el que se acusa a Blanco de alterar las cifras de muertes de menores en el Sename.
Según indicó ese medio, Blanco habría solicitado reducir los decesos de niños, niñas y adolescentes provenientes de la justicia desde 449 a 185.
La exministra -quien solicitó esta semana al CDE un permiso administrativo de dos meses, sin goce de sueldo, luego de que el fiscal Marcos Emilfork señalara a La Tercera que no descartaba citar a Blanco y al exministro José Antonio Gómez como imputados por la arista del programa Ascar- negó este jueves las acusaciones y aseguró que "durante mi gestión se realizó un esfuerzo histórico por transparentar la totalidad de la información".
Pese a sus declaraciones, en la UDI y RN no cesaron las críticas y pidieron a Piñera que intervenga. "Estamos convencidos de que existen las causales para que Su Excelencia el Presidente de la República evalúe la remoción", manifestó el jefe de bancada de RN, Leopoldo Pérez. Su par UDI, Javier Macaya, indicó que "la figura de Javiera Blanco le está haciendo daño al CDE (…); el único que puede tomar una decisión sobre la remoción de un consejero es el Presidente de la República con acuerdo del Senado, y creo que sería bueno no llegar a esa instancia".
De manera paralela, ocho diputados UDI, entre ellos Coloma y Celso Morales, enviaron una carta a la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, pidiendo que promueva sacar a Blanco.
Asimismo, la diputada y vicepresidenta de RN, Paulina Núñez, presentó, con el respaldo de parlamentarios gremialistas, del independiente René Saffirio y de la radical Marcela Hernando, un proyecto de ley que introduce como causal de inhabilitación de un consejero el ser formalizado o que esté siendo investigado penalmente.
Gobierno al margen
En La Moneda han estado siguiendo con atención el tema para ver cómo evoluciona. La vocera Cecilia Pérez, tras conocerse los nuevos antecedentes, señaló que "de ser cierto lo que ellos sostienen, nos parece gravísimo". Asimismo, comentó que "no tenemos ni una duda de que el Ministerio Público va a tomar estos antecedentes y va a investigar".
Sobre la solicitud de parlamentarios oficialistas para pedir la renuncia de Blanco, la secretaria de Estado tomó distancia y aseguró que "aquellos sectores políticos que hoy piden la renuncia de la exministra Javiera Blanco debiesen buscar en ella la respuesta, es lo que corresponde, no en el gobierno". Así, apuntó a que sea la exministra quien tome una decisión al respecto.
En la misma línea, el titular de Justicia, Hernán Larraín, indicó, en entrevista con Radio Bío Bío, que la salida de Blanco del CDE "es una definición que ella debe adoptar en forma personal". Esto, junto con agregar que "no porque alguien está siendo objeto de una investigación debe perder su cargo, porque se presume inocencia".
En el gobierno dicen que, por ahora, se mantendrán al margen de los hechos, argumentando que hay una investigación en curso y que, dependiendo de si surgen o no nuevos antecedentes, evaluarán qué acciones pueden emprender.