Juan Andrés Fontaine: “Habría sido mejor partir desde un comienzo con un programa de ayuda más universal”

A mediados del año pasado Juan Andrés Fontaine formó parte del grupo de 16 economistas que, convocados por el gobierno, dio forma técnica al Fondo Covid de US$12 mil millones que luego fue refrendando transversalmente por el mundo político para financiar las medidas de ayuda económica frente a la pandemia. Hoy, considera que el Ejecutivo no le dio la institucionalidad y el perfil adecuado a dicho fondo, lo que en parte ha influido en todo el debate y disputas que han generado los apoyos financieros dispuestos por la autoridad, pese a los altos montos involucrados. Cree que faltó darle certeza a la población de que el Fondo Covid estaría entregando recursos por todo el tiempo que se requiriera y no hacer los anuncios a cuentagotas. Con todo, y pese a la difícil situación que enfrenta el gobierno por el tercer retiro, es optimista, porque estima que la pandemia y la crisis económica ya están al final del túnel y es posible lograr acuerdos para sortear ya la última parte de la emergencia.

Una vez más durante esta crisis el gobierno parece estar en jaque frente al nuevo retiro de los fondos previsionales ya aprobado en el Congreso y ahora trabaja en un proyecto propio de tercer 10%, pero sin retirar el requerimiento ante el TC. ¿Comparte la estrategia de La Moneda?

-Efectivamente, el gobierno ha sido puesto en una situación muy difícil. El tercer retiro ofrece la promesa demagógica de un cheque la próxima semana, lo que, como señaló el senador Felipe Kast en el Senado, engaña a la gente porque no le dice que a futuro será necesario cobrarle más impuestos o rebajarle las remuneraciones líquidas para reponer los ahorros gastados. Sin embargo, en medio de la angustia por la pandemia, es obviamente muy popular. El gobierno ha hecho bien en recurrir al TC ante un proyecto que menoscaba sus atribuciones, pero eso no tiene por qué impedirle buscar un acuerdo transversal que dé a todos los hogares plena seguridad que, mientras dure la emergencia sanitaria, habrá ayudas suficientes.

¿Y cómo se justifica que de nuevo el gobierno se haga parte de una política pública que ha dicho es pésima? ¿No es dejar la mesa servida para un cuarto retiro?

-Los avances de la vacunación y la fuerte recuperación económica mundial y nacional que ya se viene (el FMI acaba de subir a 6,5% su pronóstico de crecimiento para Chile), me hacen pensar que queda poco. Aun así, hay que darle seguridad a la ciudadanía, y hay espacio para acordar transversalmente fórmulas de ayuda. Hay virtual consenso técnico en que lo mejor es ampliar las ayudas fiscales, extendiendo en el tiempo y eliminando requisitos para el IFE y el bono de clase media (como se ha ido haciendo). Otra opción es preparar un eventual retiro de fondos de cesantía o, como último recurso, otro retiro de fondos previsionales, limitado y tributable. Respecto de un cuarto retiro, es incuestionable el riesgo de que esa puerta quede abierta. Sin embargo, el mejoramiento sanitario y económico ad portas, debería quitarle fuerza a esaopción.

También se habla de que en este acuerdo se incluya una suerte de nueva reforma tributaria para allegar recursos para más ayudas por la pandemia. ¿Se requiere?

-No lo creo hoy en absoluto necesario y puede ser incluso inconveniente. En el caso de Chile, y así lo reconoce el último informe del FMI, nuestra situación fiscal es aún muy sólida y por tanto esta discusión de cambios tributarios para gastos excepcionales que exige la pandemia está fuera de lugar. Al 28 de febrero el fisco tenía todavía US$25 mil millones en los fondos soberanos, y si bien se prevé una deuda pública al alza, hasta que llegue a 40% del PIB es una situación relativamente confortable. Por lo tanto, esta necesidad urgente de más impuestos para enfrentar la pandemia en Chile es simplemente ideológica, o de gente que no ha estudiado bien las cifras fiscales.

Sin embargo, el propio gobierno ya acogió el tema. ¿Está equivocado?

-La frase que usó el Presidente encierra cierta ambigüedad, porque plantea la apertura del gobierno a discutir exenciones tributarias y asocia eso tanto a obtener el financiamiento para el fortalecimiento de la red de protección social, como para el apoyo adicional anunciado por efecto de la pandemia. Me parece lógico discutir cómo el sistema tributario será capaz de generarle al Estado los recursos permanentes para atender los gastos permanentes adicionales que van a surgir de la discusión constitucional. Ello va a demandar probablemente recaudar más impuestos y subir la carga tributaria como porcentaje del PIB, y hay que ver cuál es la forma más eficiente para hacerlo. En tal contexto, eliminar exenciones tributarias es, por ejemplo, una línea de acción. Pero ello es distinto a plantear que esa es la fuente adecuada para el financiamiento de la emergencia, porque la emergencia, por definición, demanda gastos por una vez, y no hace sentido financiarlos con alzas permanentes de impuestos. Además, hay recursos para tal fin. Esa fue la idea central de la comisión de los 16 economistas, entre los cuales me tocó participar hace un año, que definió el concepto del Fondo Covid.

Cuando se logró el acuerdo político en torno al Fondo Covid de US$12 mil millones, parecía que eso encauzaba las ayudas y la discusión en torno a ellas, pero no fue así. ¿En qué falló el gobierno?

-El gobierno, si bien tomó la idea y la implementó, no le dio el perfil adecuado. Yo pensaba que el Fondo Covid iba a ser un fondo con presencia pública, con un directorio con miembros de gobierno y oposición que iba a aprobar los programas de apoyo que se financiaran con dichos recursos. Y que eso le iba a dar un carácter transversal a la ayuda que se definiera a través de esta institucionalidad.

¿Pero eso estuvo sobre la mesa o era una idea suya?

-Me parecía obvio que ese era el sentido y que no era solo una cuenta dentro de la Dipres. Transmitir a través del Fondo Covid que en Chile tenemos recursos para atender estas necesidades extremas, pero que es un esfuerzo por una vez y que se financia con los recursos disponibles en los fondos soberanos y con endeudamiento. Y si los US$12 mil millones hoy ya no son suficientes, había que agregarle los recursos bajo esa misma institucionalidad y no en cada proyecto nuevo, uno a uno. A mi juicio esa ha sido la mayor falla del gobierno: no darle seguridad a las personas que los recursos para ir en su ayuda están y que este fondo se haría cargo del problema durante la emergencia, dándoles mensualmente el financiamiento necesario. La forma como ha operado es que se va anunciando que habrá una cobertura en los próximos dos o tres meses, pero no es un compromiso que mientras dure la emergencia el fondo va a estar entregando recursos. Entonces, la forma en que se ha hecho, ha generado una incerteza respecto de cuánto dura el apoyo, y frente a eso, viene la opción de retirar dinero de las futuras pensiones y mantenerlo en ahorro por si se extiende la pandemia y las ayudas fiscales se demoran.

¿También debió haber sido un programa de entrega de recursos con menos requisitos y más universal?

-Efectivamente, habría sido mejor partir desde un comienzo con un programa de ayuda más universal. De hecho, el propio gobierno lo ha reconocido, porque ha ido moviéndose en esa dirección. La última extensión del IFE tiene esa característica: es prácticamente universal. Habría sido más conveniente hacerlo así desde un principio, pero también es cierto que uno siempre tiene que sopesar el riesgo de dar muy poco o llegar tarde, versus el de sobrerreaccionar. Ahora, dicho lo anterior, la magnitud del esfuerzo fiscal que se ha hecho es enorme. Como informa ayer este diario, las ayudas fiscales en Chile son mayores y más generalizadas que las de cualquier otro país latinoamericano y solo superadas por las de EE.UU.

Pero Andrea Repetto hacía una distinción entre recursos movilizados y lo que ha recibido directo la gente…

-Discrepo de eso. Esa movilización precisamente lo que hace es llegar al bolsillo de la gente. En algunos casos son transferencias directas y en otros, son una cantidad de operaciones que permiten que empresas sigan funcionando y pagando sueldos, etc. El esfuerzo fiscal de Chile del año pasado, de 8% del PIB, es de los más altos entre los países emergentes y de todo el mundo. A eso hay que agregar los retiros de las AFP, porque esos recursos son casi una política cuasifiscal, ya que implican que el Estado va a tener que asumir la función de reponer los fondos para pensiones a futuro, con los impuestos correspondientes. Si sumamos todo eso estamos hablando de 20% del PIB, antes del tercer retiro. Y el BC acaba de señalar que eso le ha significado, en promedio, a los hogares chilenos, pese la pandemia, un aumento de 12,7% de su ingreso disponible en 2020, que es lo que ocurre en 4 o 5 años.

Volviendo a lo tributario, sectores de Chile Vamos han planteado reponer tasas especiales para el retiro del FUT y para una nueva repatriación de capitales. ¿Lo comparte?

-Para nada y expreso mi total perplejidad, porque son dos subsidios directos a los sectores más adinerados. Mi cálculo, que puede ser erróneo porque está hecho con información parcial, es que en el primer impuesto sustitutivo al FUT que se aplicó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la transferencia a los sectores de mayores recursos, contribuyentes del global complementario, fue de cerca de US$3.500 millones. Y en el caso de la repatriación de capitales, hacerlo por una vez puede ser justificable, pero cuando es sucesivo, lo que genera es un premio para quienes no reportan sus ingresos del exterior.

¿Y que le parece la idea de Lavín, de usar recursos de AFC para dar nuevas ayudas de carácter más universal?

-Me parece una opción válida y es algo que el gobierno no debiera descartar. Exige recursos fiscales de dimensión manejable. De hecho, hay US$2 mil millones que se reservaron en el Fondo Covid para reponer dineros del seguro de cesantía que no se han usado en toda su magnitud. Es un mecanismo de transferencia de fondos parecido al de las AFP, pero que hoy tiene una cobertura más amplia que el de las AFP, donde hay sectores que ya se les acabaron los recursos. Y si bien es cierto que el fondo de cesantía es para otro objeto, igual como pasa con los fondos de pensiones, hay sobradas razones para pensar que está sobrefinanciado. Esa es la diferencia central, hay un exceso de recursos en el fondo de cesantía, lo que no ocurre en pensiones.

Usted dijo hace un año que el escenario más probable para la economía sería de una abrupta caída y una fuerte recuperación. ¿Es eso lo que estamos viendo?

-La respuesta sobre la economía depende estrictamente de lo que ocurra con la pandemia, y ahí la gran noticia es la vacunación. Los avances en vacunación permiten pensar que estamos al final del túnel de la crisis económica a nivel mundial y nacional, pese a que queda un trecho muy oscuro y angustiante. El logro de Chile en materia de vacunación es espectacular y es mérito del país entero: gobierno, municipalidades, trabajadores de la salud, etc.

Pero el problema es que esto se ha dado en paralelo con la segunda ola y un severo confinamiento.

-Sí, pero Israel tuvo algo similar y después los contagios bajaron fuerte, que es lo que debería ocurrir en Chile en unas semanas. En consecuencia, se puede decir que estamos ante una pandemia cuya fecha de vencimiento es próxima y, por ende, el actual bajón en la economía nacional es de corto plazo y ya en el segundo semestre vamos a repuntar a gran velocidad. De hecho, ya casi recuperamos el nivel del PIB prepandemia en los dos primeros meses del año.

¿Es alcanzable entonces el crecimiento de hasta 7% proyectado por el Banco Central para 2021?

-El rango que planteó, de 6% a 7%, me parece muy factible y de hecho lo veo más cerca de la cota superior y tal vez por sobre eso, sujeto a que no volvamos a las asonadas y estallidos de fines de 2019. A nivel internacional hoy se plantean dos escenarios probables. Uno es que en 2021 y 2022 la economía mundial entre en lo que se ha empezado a llamar la “gran aceleración global”, un símil de los años 20 tras la salida de la Primera Guerra Mundial y de la gripe española. El otro, es que esta aceleración tan fuerte vaya acompañada de mucha más inflación, debido a políticas fiscales y monetarias demasiado expansivas, lo cual es un riesgo que no debemos perder de vista. Pero Chile está inmejorablemente posicionado para beneficiarse de esta gran aceleración global de 2021-22. Esto, que se traduce también en el alto precio del cobre, más el mejoramiento de la situación sanitaria y el levantamiento progresivo de las restricciones, nos debiera dar un gran impulso para 2021-2022. En la suma de ambos años debiéramos crecer entre un 10% y 12%, recuperando todo lo perdido. Con el fin de las cuarentenas, el mayor ingreso disponible de los hogares producto de las transferencias fiscales y los retiros de las AFP, que por ahora está en su mayoría ahorrado pero que es demanda latente o retenida por las restricciones, debiera volcarse sobre la economía.

¿Y luego de 2022 cómo ve que siga la economía, en el contexto de una nueva Constitución?

-De ahí en adelante entramos en el problema más grave que tiene el país, que es su capacidad de crecimiento de mediano plazo. Hemos perdido años de aumento de inversión y la incertidumbre política no ayuda para su repunte, y no sabemos lo que ha pasado en la productividad. En ese contexto, más que la discusión constituyente, me preocupa lo que acontece en el Parlamento, donde vemos un uso y abuso, con fines estrictamente electorales, de la explicable angustia que siente la población producto de la pandemia.

¿Se refiere a la naturaleza de los proyectos que se están proponiendo?

-Su naturaleza, las posiciones que se toman frente a los proyectos que se debaten, las declaraciones respecto del manejo de la pandemia. Al respecto no puedo sino declarar mi enorme frustración. Tenía una muy buena idea de la capacidad de Chile de diseñar políticas públicas. En general, más allá de las diferencias políticas, siempre he sentido que hay una racionalidad básica, una seriedad de poner a Chile por encima de los intereses partidistas, pero lo que he visto ahora es que eso se ha perdido y se ha empequeñecido la política. Es una especie de descomposición en el debate político, justo en el momento que más requerimos de un manejo unido.

Acrecentada por la pandemia vemos una discusión mundial sobre desigualdad y más impuestos. ¿Es insoslayable la necesidad de hacer algo al respecto?

-Una línea ha sido poner en duda que el sistema económico de libre mercado, como lo hemos conocido hasta ahora, pueda subsistir. Hay gente que ha planteado que esto sería como un punto de quiebre. No lo veo en absoluto así. Al revés, el sistema de libre mercado no solo se había probado antes muy capaz de producir un gran aumento en el bienestar a través del crecimiento económico acelerado, que ha significado sacar de la pobreza a millones de personas, sino que en esta pandemia ha mostrado toda su capacidad de innovación, por ejemplo en la industria farmacéutica para la fabricación de vacunas, donde las empresas privadas han trabajado junto a los Estados, y de adaptación de los sistemas productivos a las exigencias sanitarias, gracias a todos los sistemas de comunicación remota, de e-commerce, de delivery que han contribuido a que la economía siga funcionando.

Pero lo que plantean sus críticos es que el modelo imperante no le ha dado solución a la desigualdad.

-El sistema capitalista lo que ha generado en los últimos 30 a 40 años es una enorme disminución global de la desigualdad, lejos de lo que sostienen muchos. Y lo ha hecho porque hay una cantidad importante de países pobres que han tenido un gran aumento en el bienestar de su población. Distinto es que a nivel de los países desarrollados, sobre todo EE.UU. y parte de Europa, la competencia de los productos más baratos de otras zonas del mundo haya significado que la distribución ahí empeore.

¿No ve amenazado entonces al capitalismo?

-Obviamente una crisis social y económica como la que estamos viviendo es una amenaza, y desde ella pueden surgir cambios políticos y económicos en contra del libre mercado, pero no hay argumentos para sostener que este modelo es el que ha provocado tales efectos. Sin lugar a dudas hay ajustes que se le deben hacer según las circunstancias, pero desde los liberales clásicos en adelante y también por los autores llamados neoliberales, se reconoce al Estado un rol importante en la ayuda a los más vulnerables y la igualación de oportunidades, y hay una amplia graduación de opciones a ser adoptadas según el momento.

¿Qué le parece la propuesta de la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, de aplicar un impuesto corporativo mínimo de 21% en todos los países del mundo?

-Es un intento de tratar de evitar la competencia que hacen países que han logrado bajar fuerte los impuestos y que están atrayendo inversión, algo que me parece válido y que, por ejemplo a Irlanda, le ha sido muy conveniente. Entonces, la propuesta de Yellen la veo como una suerte de colusión tributaria de los países grandes para impedir limitar la competencia tributaria, pero creo que tiene cero posibilidades de resultar.

¿Por qué?

-Porque se requiere de la unanimidad de los países y no veo por qué Irlanda y otros como Hong Kong, Taiwán y Singapur, vayan a aceptar eso. Es una propuesta sin ningún futuro y que no tiene efecto para nosotros, porque en Chile el impuesto corporativo es bastante superior a ese mínimo (27%).P