Cada mes, en distintos rincones de Chile, juntas de vecinos, grupos de amigos y colegas, iglesias y clubes deportivos organizan rifas y bingos solidarios. El objetivo más habitual es recaudar fondos para pagar la deuda de un tratamiento de salud que el sistema no cubre.
Estos bingos y rifas son la respuesta de un país entero que tiene un sentido básico de comunidad. Que entiende que todos, sin importar el tamaño de nuestro bolsillo, tenemos derecho a recibir una atención de salud.
Son lo mejor de lo nuestro, que nace de lo peor de lo nuestro: un debate sobre el sistema de salud que ha sido secuestrado por intereses particulares, en vez de centrarse en el bienestar de las personas.
El politólogo Steven Teles describe la torpecracia (“kludgeocracy”), como aquella en que un sistema político ineficaz es capturado por los intereses de grupos de presión perfectamente financiados y organizados.
Y precisamente en el tema de la salud, Chile ha dado un ejemplo perfecto de cómo opera esta torpecracia.
Este lunes, ambas cámaras del Congreso aprobaron, a la rápida, la versión final de la ley corta de isapres. No había más tiempo para discutir. Un día antes había vencido el último plazo entregado por la Corte Suprema para que las isapres cumplieran de una vez por todas el fallo de 2022 que las obliga a devolver los cobros en exceso a sus afiliados.
El resultado es una especie de gran bingo nacional en beneficio de las isapres. Una colecta obligatoria en que más de un millón de chilenos deberán poner la plata para que los dueños de un puñado de empresas paguen sus deudas.
¿El premio del bingo? Que esas empresas no quiebren.
Las aseguradoras tendrán 13 años de plazo para devolver a sus clientes el dinero mal cobrado en cómodas cuotas (para los adultos mayores el plazo es de entre dos y cinco años). Aunque paguen hasta 2037, lo harán con 0% de interés por sobre la UF, un gigantesco crédito blando gentileza de los chilenos a los dueños de las aseguradoras.
Y si ofrecen pagar al contado, podrán autoaplicarse un generoso descuento de cerca del 35%. Por cualquiera de las vías, entonces, el pago será solo parcial.
Pero hay más. La ley autoriza a las isapres a subir extraordinariamente sus planes en hasta 10% este año, por encima de las alzas anuales, la última de las cuales, también adelantada extraordinariamente gracias a otra ley especial, ya se aplicó en abril (4,4% + UF).
O sea, a cambio de que paguen parte de la deuda a 678.256 cotizantes (unos $11.000 mensuales en promedio), a las isapres se les permite subir los planes a 1.672.523 afiliados.
Una minoría estará pagando de más a su deudor para que tenga la gentileza de devolverle lo que le debe. La plata sale de un bolsillo de los afiliados para regresar -a 13 años plazo, sin intereses- al otro.
El otro millón de afiliados, ni siquiera eso. Simplemente deberán pagar una especie de impuesto a beneficio de una industria, para que, con esa plata, la isapre cancele sus deudas.
Un bingo obligatorio, a beneficio de los dueños de las isapres.
¿Cómo lograron este traje a la medida?
Durante un año y medio, extorsionaron al poder político con una amenaza simple: si no había perdonazo, las empresas se declararían en quiebra.
“Están todas condenadas a la quiebra si esto no se resuelve”, advertía la Asociación de Isapres. Esto “lo pagarán con su vida parte de los enfermos crónicos”, advertía lúgubremente la economista Michelle Labbé.
Lo interesante es que esa amenaza comenzó antes del fallo de la Suprema de noviembre de 2022, que supuestamente desencadenó la crisis.
Recordemos que entre 1990 y 2020, estas empresas encadenaron 31 años seguidos de utilidades después de impuestos, con la sola excepción de la estafa de Isapre MasVida en 2016. Pero bastó que tuvieran un año en rojo, en 2021, para que declararan, en julio de 2022 (cuatro meses antes del fallo), que “debemos ser tajantes: las isapres ya no tienen margen de operación y el cierre puede producirse en solo meses (…) tres millones y medio de afiliados podrían verse, de la noche a la mañana, sin cobertura de salud”.
Han pasado veintidós meses desde entonces.
Veintidós meses en que la torpecracia se desplegó en todo su esplendor. El sistema político se inclinó ante el chantaje de las isapres, según las cuales la atención e incluso las vidas de los pacientes dependían de ellas.
Es un falso dilema.
Las isapres son un seguro. Si llegaban a quebrar, lo relevante era salvaguardar la continuidad de la atención de las clínicas y generar un mecanismo de transición en que los afiliados pasaran sin baches a nuevos seguros, fueran licitados a través de Fonasa, o en nuevas isapres que ya se están abriendo sin deuda de arrastre.
El gobierno y el Congreso tuvieron dos años para diseñar ese nuevo sistema. En cambio, se sometieron al chantaje de un grupo de empresas que declara públicamente que es incapaz de funcionar de acuerdo a las normas básicas del libre mercado.
Porque en eso consiste el capitalismo: cuando una empresa es eficiente, crece y prospera. Pero cuando es incapaz de sobrevivir pagando sus deudas y cumpliendo con los fallos judiciales, entonces debe cerrar y ser reemplazada por empresas más eficientes.
De hecho, sin haber pagado un peso de su deuda a los afiliados, las isapres paralelamente deben U$709 millones a las clínicas, problema que no se aborda en la ley corta.
Digámoslo de nuevo: la amenaza de quiebra es previa al fallo de la Suprema. No se soluciona, por lo tanto, con esta ley a la medida. Sólo se chutea el problema para más adelante. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que la historia se repita, con otra amenaza de quiebra y otra ley exprés para seguir salvando por secretaría a este grupo de empresas?
Por eso, este arreglín firmado por izquierdas y derechas en el Congreso debería desatar la indignación de todos quienes defienden de verdad el libre mercado.
Esto es un ejemplo de manual de lo contrario: la captura del sistema por un pequeño grupo de incumbentes, en su propio beneficio.
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