La mayor mochila de Briones: deuda pública subiría a 43% del PIB en 2022, mientras los fondos soberanos bajarían al 5% del PIB

El Fondo Covid por US$ 12 mil millones que anunció el gobierno y los parlamentarios DC, PS y PPD, que tendrá una duración de 24 meses, significará un alto esfuerzo de deuda por parte del Estado. No será gratis.

El financiamiento del Fondo se realizará a través de aporte fiscal, el que a su vez tendrá su origen en transferencias del Tesoro Público, como fondos soberanos, o/y mayor endeudamiento público. Si el fondo tuviera recursos al momento de caducar, ellos se transferirán al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sentenció que “el mayor endeudamiento que vamos a tener hoy día, es una mochila que le dejamos a las generaciones futuras. Para que sea bien absorbida necesitamos responsabilidad fiscal, una consolidación fiscal creíble y recuperar la capacidad de crecer económicamente”.

¿Cómo se proyecta aquella mochila de la que habla Briones? El marco de entendimiento indica que, referencialmente, la deuda pública bruta aumentaría de 28% del PIB a fines de 2019 a 43% a fines de 2022. Los Fondos Soberanos bajarían desde 9,5% del PIB a fines del año pasado hasta poco menos del 5% del PIB en 2022. Se consideró que, en las condiciones actuales, limitar el aumento de la deuda pública bruta hasta un nivel en torno a 45% del PIB sería adecuado.

Si se desmenuza la composición de este fondo, en el acuerdo marco se indica que la línea base de gasto 2020 sobre la cual se adiciona el fondo Covid es un nivel de gasto que incluye todos los gastos legislados hasta el 10 de junio de 2020 y una estimación de subejecución de inversiones en el mismo año del orden de US$2.000 millones por problemas relacionados con la pandemia.

De esta manera, la base de gasto sin fondo Covid en 2020, sería menor que la proyección de gasto contenida en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de este año, porque se descuenta US$2.000 de sub-ejecución y se incluyen solo los US$830 millones legislados del del bono IFE.

De manera separada, explica el documento del acuerdo, al fondo Covid, del cual se ejecutará al menos US$ 3.500 este año, el gobierno se compromete a no subejecutar más de los US$2.000 millones antes consignados; de lo contrario no se sería consistente con los objetivos de impulso fiscal para este año, señalados más abajo. En caso de que por circunstancias imponderables se materializara una subejecución mayor, se deberán trasladar estos recursos al fondo covid.

El documento prevé que para el próximo año se mantendrá el déficit estructural en un nivel similar al de este año, calculado el de 2020, como se señaló, con al menos US$3.500 millones de gasto el fondo Covid y una subejecución máxima de US$2.000 millones del presupuesto actualizado sin fondo Covid. Esto, en lugar de corregirlo en 2 puntos del PIB como prescribe la meta fiscal vigente.

En definitiva, el acuerdo político por el plan económico subraya que el compromiso es mantener el nivel del gasto público en lugar de reducirlo. Lo anterior, define anticipadamente el marco presupuestario de la próxima ley de presupuesto a ser presentada al Congreso en septiembre próximo.

Lo anterior, implica una trayectoria más expansiva para la política fiscal respecto de la meta vigente para la evolución del déficit estructural.

En 2021, los recursos del fondo Covid se destinarán primordialmente a programas de recuperación económica y apoyo al empleo. Finalmente, estimamos que hacia 2022, si hay un remanente del fondo Covid, éste podría utilizarse para continuar el apoyo a la reactivación económica.