Se han publicado recientemente las 12 claves del PNUD/UNESCO para iluminar y fortalecer la educación ciudadana en Chile. Contiene una serie de lineamientos y recomendaciones genéricas que parecen hablarle a cierto sentido común relativo al mejoramiento de la educación; sin embargo, a partir del informe surgen algunas reflexiones y preguntas:
¿Se puede educar en ciudadanía olvidando el contexto, la historia y lo político que subyace en un territorio particular?, ¿podemos olvidar el contexto que da significatividad a los conceptos y a las vivencias de las personas? En este marco, y valorando las 12 claves que nos propone el PNUD/UNESCO como lemas temáticos inspiradores, cabe señalar que ellos siguen encapsulados bajo el manto de una homogeneidad universalista, en tanto se declara que la educación para la ciudadanía es abordada desde la ampliación del concepto de educación cívica (PNUD, 2021, p.24). Se trata de una perspectiva que asume lo instituido como la única forma legítima para el ejercicio ciudadano, caracterizado como normativo y liberal, sustentado por el voto y el consenso político; esta concepción de la educación cívica opera como mecanismo de reproducción del modelo, sin entregar herramientas para su comprensión ni, mucho menos, para su crítica.
El informe del PNUD/UNESCO propone Integrar los enfoques de educación cívica y de formación ciudadana, propuesta con la que nadie podría estar en desacuerdo. Suponiendo que el saber cívico estaría a la base del actuar ciudadano, como fundamento de las conductas políticas y actitudes cívicas en el estudiantado, el binomio (conocimientos y vivencias) no opera de forma causal, secuencial y/o escindida. No debe olvidarse que el concepto de ciudadanía tributa tanto a dimensiones jurídicas, como sociales y políticas (Marshall, 1949), y sus énfasis liberales o comunitaristas siempre están en tensión; por tanto, su clarificación no se resuelve simplemente combinando dos perspectivas cuyos postulados suponen modelos teóricos y prácticas de ciudadanía y democracia distintas. El análisis de la densidad del concepto no es menor o baladí a la hora de situar la educación para la ciudadanía desde la experiencia en un país tan desigual como Chile. Esta desigualdad, precariedad y nulo correlato de las demandas de los y las estudiantes con la construcción de política pública, los ha mantenido en una movilización y crítica constante al sistema educativo (2006-2011) y al modelo de sociedad que éste reproduce, cuya expresión más decidora es su protagonismo en la revuelta popular de octubre 2019, que nos ha posibilitado estar hoy en la antesala de la redacción de una nueva Constitución.
Considerando el acontecer político descrito resultan a lo menos complejas las declaraciones del informe del PNUD/UNESCO, en las que se alude a los estudiantes como sujetos fragmentados y en vías de ser ciudadanos/as. La ciudadanía se encuentra determinada por la pertenencia a una comunidad política, criterio que no depende del cumplimiento de determinado requisito formal –como la edad– sino de la forma en que las prácticas sociales van configurando actos de ciudadanía. La relación entre educación cívica y formación ciudadana que propone el Informe no puede sino construirse desde la realidad política y social en la cual se verifican estas prácticas, donde no hay personas en vías de ser ciudadanos, sino sujetos políticos que protagonizan distintos actos de ciudadanía.
Las claves de educación para la ciudadanía del PNUD/UNESCO no solo silencian el marco contextual e histórico-político que atraviesa la sociedad chilena –como si la educación para la ciudadanía pudiera ser encapsulada y alejada de la crisis sanitaria y la revuelta social– sino que invisibiliza además la racionalidad neoliberal que opera como razón normativa, principio rector y escala de valoración que configura las relaciones de la ciudadanía, segmentada según clase social en Chile, lo que se refleja en la dependencia administrativa de las escuelas (pública, subvencionada y particular pagada). Esta normalización de la razón neoliberal deja fuera de toda consideración algunos atributos de la convivencia democrática, como es la solidaridad o la fraternidad, fundamentales para la formación ciudadana.
Por otra parte, llama profundamente la atención, considerando el contexto de discusión constitucional en que se encuentra el país, la omisión de la condición de plurinacionalidad en la educación para la ciudadanía, pues la pregunta ¿quiénes somos los chilenos y chilenas? se debe responder desde la diversidad de cosmovisiones y su reconocimiento cultural, que no obedecen unívocamente a una concepción de ciudadanía occidental y uniforme. Esta omisión resulta más incomprensible considerando que en el Cono Sur existen dos países (Ecuador y Bolivia) que han avanzado hacia constituciones que reconocen y valoran la condición de plurinacionalidad en su territorio, y que incorporan concepciones de ciudadanía desde el principio del buen vivir (suma kamaña).
Por último, es curiosa la contradicción entre las claves de educación para la ciudadanía que promueven el uso de pedagogías participativas y el aprendizaje a través de la experiencia, mientras opera una política pública homogeneizadora que anula la diferencia a través de mediciones estandarizadas e indicadores parametrizados que impone el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (ley 20.529). A las reflexiones enunciadas se suma la preocupación por la parcialidad en el abordaje del enfoque de género, ciudadanía mundial y ciudadanía digital, entre otras, que impide visibilizar las actuales dinámicas de relación en las que convivimos y que van ampliando el registro de la democracia.
Pensar en una educación ciudadana en la escuela, que conjugue conocimientos y experiencias, requiere considerar e incorporar la realidad histórico-política presente que ha dinamizado las formas de convivir en nuestro territorio, avanzar hacia una participación vinculante de los actores en las comunidades escolares, y respetar las diferencias propias, particularidades y trayectorias individuales y colectivas de sus actores, profundizando con ello la democratización de los espacios escolares y la vivencia de una ciudadanía que reconoce la dimensión política de todos los sujetos de la comunidad educativa.
*Los autores de esta columna son Jaime Bassa (candidato a la convención constitucional por la lista Apruebo Dignidad en el distrito 7) y las académicas de La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso: Silvia Redón, Camila Balaustegui, Pamela Soto y Natalia Vallejos.