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Un apagón que puede terminar en cárcel: Alertan a Larraín por fallas en brazaletes electrónicos


La fiscal Erika Maira, miembro directivo de la Asociación Nacional de Fiscales, apeló a Twitter para notificar el lunes al ministro de Justicia, Hernán Larraín, sobre los ripios en el funcionamiento del sistema de monitoreo telemático de los condenados, conocido como brazaletes electrónicos.

“Toda la mañana en audiencias de revocación de penas sustitutivas de la Ley 18.216 y los imputados informan de manera consistente que las tobilleras electrónicas no funcionan, tienen problemas técnicos, se apagan, no cargan, etc Esto se repite todas las semanas”, planteó Maira copiando a la cuenta del ministro Cc @HernanLarrainF.

El punto que planteó Maira al ministro es consistente con la experiencia que advierten fiscales, abogados y defensores. El sistema que permite una pena sustitutiva a la privación de libertad hoy alcanza los 4 mil usuarios, pero no está exento de problemas. Según la experiencia de algunos, presenta fallas de cobertura y conflictos técnicos que derivan en alertas de Gendarmería y luego en audiencias, que es el procedimiento a seguir para verificar si existe mérito para revocar el beneficio.

El asunto se repite en varios juzgados. Esta semana, por ejemplo, en el 13 Juzgado de Garantía un magistrado ordenó que se informe a Gendarmería el problema para que la institución, a su vez, explique qué está sucediendo.

Como representante de la Asociación de Fiscales, esta semana Maira preguntó a los consejeros de la agrupación en regiones por  la magnitud del problema.

Según su sondeo, ha habido reportes de problemas en Valparaíso, en Aysén -donde señalan que cuando se ha presentado un conflicto Gendarmería cambia la tobillera-  en la zona centro norte y sur de Santiago.

Desde Copiapó y vía Twitter, el fiscal Nicolás Zolezzi apuntó a que el conflicto con las tobilleras –aunque puntual- es “frustrante, porque retrasa cumplimientos, y gastadero de recursos en audiencias, informes, etc”.

La fiscal de Temuco Pamela Contreras también se hizo eco del problema descrito por la representante de la Asociación Nacional de Fiscales. El lunes, en respuesta a Maira y con copia al ministro Larraín, advirtió que “pasa en todo el país, acá en Temuco lo mismo”.

Alerta de Defensoría

Desde la Defensoría Penal Pública, la abogada Ximena Silva, tiene una experiencia similar en la comuna de Puente Alto. En conversación con La Tercera PM, asegura que aún no es un conflicto generalizado, pero es un problema en aumento que amenaza un sistema de sustitución de penas que hasta ahora ha funcionado.

La defensora apunta a centro del problema: “El riesgo es volver a reclusión en uno de los ya saturados penales del país. Eso está ahí”. De ahí que la profesional ya solicitó una audiencia para  evaluar el impacto en el Centro de Reinseción Social de Puente Alto.

Según la ley 18.216 pueden acceder a la libertad vigilada intensiva  “si la pena privativa o restrictiva de libertad que D.O. 27.06.2012 impusiere la sentencia fuere superior a tres años y no excediere de cinco”. Si se tratase de delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar. La herramienta, comenta un abogado, es efectiva para el cumplimiento de la restricción de acercamiento a las víctimas.

Según Gendarmería, a mayo de 2018 hay un poco más de cuatro mil reos cumpliendo pena bajo la modalidad de uso de brazalete, lo que los obliga a una reclusión domiciliaria nocturna desde las 22 pm a las 6 am.

Gendarmería asegura que existen diariamente cerca de 2.400  alertas por el sistema. Pero que no son, necesariamente, atribuibles a fallas sino a violaciones de las condiciones de reclusión de los usuarios del sistema.

“Se monitoreando permanentemente su factibilidad técnica para cumplir con el propósito de esta tecnología, que es la supervisión de personas condenadas e identificar su localización durante el cumplimiento de su condena.
Con estos informes periódicos de cumplimiento, que entregan advertencias y alertas que pudieran generarse a partir del cumplimiento de condenas, las autoridades podrían incluso revocar la pena con lo que se debe retirar el dispositivo. Si la advertencia se trata de una incidencia técnica, se informa acerca de la falla y si ésta se puede imputar al condenado”, responden en Gendarmería.

 Desde la Defensoría, Ximena Silva plantea que el punto no es si creerle o no a los reos. “La idea es que se investigue , para ver si es es falla o incumplimiento. Es importante ver el motivo porque, como cualquier máquina, los brazaletes  requieren mantención”.

La licitación de las tobilleras en el año 2013 fue compleja. El gobierno adjudicó a la empresa Secure Alert Inc, que pertenece a Truck Group. La firma era, según las bases de la primera licitación y tal como informó El Mostrador en 2013, la menos conveniente para los intereses del estado. No obstante, en junio de ese año, la empresa impugnó el proceso ante el Tribunal de Contratación Pública, que obligó a Gendarmería a contratar a la firma y adjudicarle el contrato por 35 mil millones de pesos.

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