En su fiel estilo, el Contralor general de la República, Jorge Bermúdez, golpeó la mesa tras realizar su tercera cuenta pública al mando de la entidad fiscalizadora en presencia del propio Presidente Sebastián Piñera y otras autoridades del Estado.

En medio de la ceremonia se le consultó por la denuncia ingresada este martes por parlamentarios del Partido Socialista en contra de gastos realizados por el ministro de Hacienda Felipe Larraín en el marco de los festejos de ex alumnos de Harvard con cargo al erario fiscal.

Sin pronunciarse sobre si existe o no una irregularidad, el contralor Bermúdez dijo que ahora lo que corresponde es que "le oficiemos al ministro para que él nos informe qué ocurrió" y agregó que las informaciones que tiene por el momento son sólo de prensa, más allá de confirmar el requerimiento presentado. "No corresponde que diga ahora si eso fue legal o no, si correspondía o no hacer ese viaje", sostuvo.

Pese a ello, expresó que "muchas autoridades viajan en su calidad de autoridad y son invitadas a distintos foros, o sea, cuando el ministro de Hacienda va a un foro económico evidentemente va en su calidad de ministro de Hacienda, cuando va a una universidad prestigiosa, tal vez la más prestigiosa del mundo, obviamente uno tiene que ponderarlo también, pero yo preferiría esperar a la respuesta que nos va a dar el ministro frente a este requerimiento".

Fuentes del organismo califican como muy relevante saber si la invitación se hizo cuando era particular y se costeó con dineros fiscales, o se hizo en su calidad de autoridad para una ponencia o intervención en la prestigiosa universidad.

En la ocasión, Bermúdez no dejó la oportunidad de emplazar a los políticos para que le entreguen los 300 millones que el organismo está pidiendo para poder comprar un software que permite  controlar las remuneraciones del sector público con herramientas tecnológicas de inteligencia. "Si hubiéramos tenido ese programa antes, muchos fraudes podrían haber sido evitados", sentenció en alusión a que la Contraloría no pide dinero para construir un edificio nuevo, sino para poder abarcar más fiscalizaciones.

En ese sentido y consultado si falta voluntad política para estos gestos económicos para el ente fiscalizador, Bermúdez sostuvo: "El presupuesto público general aumenta, el presupuesto de la Contraloría al revés ha ido disminuyendo en términos proporcionales y ese es el problema".

Para la autoridad claramente este es un tema de voluntad política. "Nosotros el año pasado tuvimos casi 10 mil solicitudes de fiscalización, obviamente con un presupuesto que no crece, difícil atender todas las demandas ciudadanas. Incluso he escuchado a algunos parlamentarios que se quejan de la tardanza, en buena parte la tardanza se explica porque no podemos atender a todos los requerimientos que nos plantean cuando son miles", explicó.

Y sobre las motivaciones para la baja presupuestaria, el contralor apuntó directo al corazón de La Moneda. "Lo que pasa  es que a nadie le gusta el control, el control es muy incómodo para aquel que está en el Ejecutivo, el que está en el Gobierno. La decisión presupuestaria es per se una decisión política así que obviamente allí nosotros esperamos que este Ejecutivo tenga mayor flexibilidad respecto a cosas muy puntuales que estamos pidiendo".