Histórico: Fiscalía de O’Higgins inicia incautación de archivos eclesiásticos en Iglesia de Santiago y Rancagua por abusos sexuales a menores

Autor: Ivonne Toro

La medida incluye todas las acusaciones que llegaron desde 2007 a la fecha a congregación para la doctrina de la Fe y que recibieron sanciones canónicas como aquellas que constan en los archivos de la curia de la diócesis de Rancagua. En Santiago se requiere información específica sobre el ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo.


A esta hora el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, encabeza la incautación de documentos en dependencias del Tribunal Eclesiástico de calle Catedral en Santiago, el Arzobispado de Santiago y en paralelo, según pudo confirmar La Tercera PM otros persecutores del Ministerio Público se encuentra realizando la misma acción en el edificio de la Diócesis de Rancagua. Se trata de un proceso inédito que se vincula a las indagatorias que sigue Arias por presuntos abusos sexuales a menores por parte de miembros de la curia.

La información recabada por este medio apunta a que la Fiscalía ha solicitado a las reparticiones todas las investigaciones realizadas desde el año 2007 hasta hoy por parte de la Iglesia en que hubieran sido víctimas menores de edad de abusos sexuales u otros ilícitos por parte de los sacerdotes de las diócesis de Rancagua. También se incluye a religiosos que no son parte de esta repartición, pero que habrían cometido ilícitos en la zona.

La orden aprobada por tribunales y que está siendo ejecutada con personal del OS9 de Carabineros, incluye tanto las acusaciones que llegaron a la Congregación para la doctrina de la Fe y que recibieron sanciones canónicas como aquellas que constan en los archivos de la curia de la diócesis de Rancagua o que estén en poder del promotor de justicia asignado a cada investigación o del actual promotor de justicia de la diócesis de Rancagua, Marcelo Antonio Lorca Rodriguez. También las que pudieren estar en manos del canciller y notario de esta diócesis, Héctor Pulgar Quintanilla, o del Vicario Judicial de Rancagua, don Juan Luis Ysern de Arce. En Santiago, en tanto, se busca la misma información respecto del imputado Óscar Muñoz Toledo.

Arias había iniciado por oficio una investigación en contra de Muñoz Toledo, quien se desempeñó como canciller del Arzobispado de Santiago y párroco de la Iglesia Jesús de Nazareth en Estación Central, luego de que se conocieran acusaciones de abuso sexual contra cuatro jóvenes de Rancagua. En la zona existen 14 religiosos suspendidos por eventual comportamiento impropio y, en algunos casos, abusos de menores. Por esta última causa, el Obispo de la Región Alejandro Goic renunció a la presidencia de la Comisión para la Prevención de Abusos Sexuales.

Personal del OS-9 de carabineros se encuentra allanando las oficinas del Tribunal Eclesiástico de Santiago. Marcelo Hernandez/Aton Chile.

Los secretos de la Iglesia

En Chile no se había producido una incautación como la que encabeza Arias. En Boston en 2002, la arquidiócesis se rehusó a revelar las carpetas de sacerdotes investigados por abusos sexuales y el Boston Globe los llevó a la corte civil, que obligó a la entrega de los papeles. Así fue como quedó en evidencia que por décadas los obispos habían protegidos a los abusadores sexuales dentro de la curia.

El archivo eclesiástico al que la Fiscalía busca acceder en el caso de sacerdotes que hubieran cometido abusos, se rige por la ley canónica que establece que cada diócesis y arquidiócesis mantenga carpetas o “archivos” personales de cada sacerdote que es parte de su jurisdicción. Aquí se incluyen desde asuntos administrativos a otros especialmente sensibles, como eventuales acusaciones de abusos sexuales.

La doctrina dice que “debe haber también en la curia diocesana un archivo secreto, o al menos un armario o una caja dentro del archivo general, totalmente cerrada con llave y que no pueda moverse del sitio, en donde se conserven con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto”. La llave del archivo secreto debe ser conservada sólo por el Obispo.

También la ley canónica plantea una política de destrucción “de aquellas causas criminales en materia de costumbres cuyos reos hayan fallecido ya, o que han sido resueltas con sentencia condenatoria diez años antes, debiendo conservarse un breve resumen del hecho junto con el texto de la sentencia definitiva”.

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