Hace pocos días, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) canceló el registro de corredores de bolsa de Intervalores, firma controlada por Gabriel Urenda, hijo del fallecido empresario naviero Beltrán Urenda.

Pero la crisis interna que arrastra la corredora tiene un trasfondo mayor. Por estos días se ventilan en tribunales civiles, penales y hasta laborales las esquirlas de un lío que surge en el año 2016 a raíz de la primera arremetida del regulador del mercado de valores, cuando detectó una serie de irregularidades; entre ellas, la entrega maliciosa de antecedentes a la bolsa, exigiéndole estándares mínimos para su operación.

A inicios de junio, el ex gerente comercial de la firma, Sebastián González presentó una denuncia ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en contra de ocho sociedades representadas por Gabriel Urenda. El ex ejecutivo exige ser indemnizado en $250 millones por daño moral y acusó una "campaña de desprestigio desplegada en su contra".

En septiembre de 2010 ingresó al holding como gerente comercial de "Intervalores Advance Limitada". Cuenta en su escrito que tres meses después fue traspasado a otro centro de costo, pero esta vez las funciones fueron ampliadas para todas las sociedades del grupo: la corredora de bolsa, la administradora de fondos de inversión, el factoring, entre otras.

La denuncia sostiene que en 2013 Gabriel Urenda, como gerente general de la corredora, le pidió apoyar sus propias labores -adicionales a su cargo- relativo a la administración de la compañía, para lo cual lo incluyó en los poderes de firma de las sociedades del grupo.

"Fui cada vez tomando más funciones, sin perjuicio de que el señor Gabriel Urenda nunca dejó de ser el gerente general y administrador de Intervalores", señaló en su denuncia.

Sin embargo, el esquema financiero comenzó a desmoronarse tras la sanción a la Corredora de Bolsa de Intervalores, suspendiéndola de sus operaciones por no cumplir con las garantías mínimas de funcionamiento en el mercado financiero.

El ex ejecutivo detalló que "con esta sanción comenzó a deteriorarse rápidamente la situación financiera y reputacional de la empresa. Es por esta delicada situación financiera que yo le reportaba a diario al Gerente General todo lo que ocurría, particularmente porque los últimos 2 años todo tenía relación a los problemas suscitados por la falta de patrimonio mínimo con la que operaba la empresa, cuestión que debía solucionar Gabriel Urenda como controlador de la compañía".

Deudas pendientes

Según el escrito, en medio de la crisis, Urenda le habría solicitado a González que cubriera gastos operacionales a clientes para poder paliar las urgencias más importantes de la compañía causada por la falta de liquidez.

Este último denunció que utilizó sus tarjetas de crédito personales (Visa, Mastercard y CMR Falabella) y línea de crédito del Banco Security. "Me lo pedía a mí, apelando a mi amistad, dado que el señor Urenda no podía solicitar créditos en el mercado financiero, ya que se encontraba en el Boletín Comercial, con variadas deudas personales", admitió González. Con todo, al final en agosto de 2017 llegué a adeudar más de 97 millones de pesos a diversas instituciones financieras.

Pero los problemas internos volvieron a agravarse. En marzo de 2018, la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros, antecesora de la CMF) suspendió nuevamente de sus operaciones a la corredora por 90 días al no enterar la garantía de 4.000 UF. En ese contexto, los estados financieros de Intervalores Corredores de Bolsa fueron objetados por los auditores externos, Deloitte, lo que en los hechos significaba que la Corredora de Bolsa debería dejar de operar por no contar con el patrimonio mínimo de funcionamiento.

En medio de este proceso, Urenda informó a González el inicio de conversaciones con un grupo de inversionistas liderados por Omar Arab dispuestos a ingresar a la propiedad de la compañía.

El quiebre de la relación

La relación entre ambos estaba quebrada. Reproches de ambas partes por el funcionamiento de la compañía tienen su clímax en medio del cobro de bonos por desempeño que hiciera González en su remuneración, a lo cual Urenda manifestó su oposición debido a la "delicada situación" de la compañía.

"Hice uso de mi feriado –como me lo solicitó mi empleador– entre los días 10 al 16 de abril de 2018 inclusive. Cuando regresé de mi feriado, el día 17 de abril 2018, el señor Urenda no me dirigió la palabra. Pero al día siguiente, el día 18 de abril, a mi llegada a la oficina a las 09:00 horas, me encontré con mi computador bloqueado, sin acceso. Acto seguido, el señor Urenda me llamó por teléfono a su oficina, y me dijo "esta es tu carta de despido para que la leas y la firmes", denunció el ex ejecutivo bursátil.

En la carta de la empresa se acusó al ex ejecutivo de "generar pagos a su favor hacia su cuenta corriente -incluyendo pago de impuestos y cotizaciones previsionales-, en montos absolutamente descomunales, que no guardan ninguna relación con la remuneración, bonos y demás ingresos acordados en su contrato de trabajo y en los anexos respectivos".

"Como si lo anterior no fuera suficiente, hasta ahora no sólo se han detectado sendos pagos a su favor desde la Compañía sin justificación alguna, sino que, además, se encontraron pagos desde la sociedad Intervalores S.A. hacia su cuenta corriente por la descomunal cifra de 210 millones de pesos", señaló la carta del despido.

La Tercera PM intentó comunicarse con el señor Urenda, sin éxito.