Las medidas sanitarias bajo la lupa del CEP: Los temas pendientes del plebiscito según la experiencia internacional

Precisar en qué circunstancias sería inviable celebrar el plebiscito; eximir del rol de vocal de mesa a quienes son funcionarios de la salud y establecer un estricto protocolo de conteo de votos que impida a los apoderados de mesa tocar los sufragios son algunas de las propuestas que realizó el Centro de Estudios Públicos (CEP) tras comparar el protocolo del Servicio Electoral dado a conocer durante los últimos días con las recomendaciones realizadas por la International Foundation for Electoral Systems (IFES).

Así lo consigna el estudio “Plebiscito en tiempos de pandemia: ¿Qué medidas son necesarias para realizar un plebiscito nacional seguro?” de la investigadora Macarena Granese. Consultada por La Tercera PM, Granese reconoce que el país ha tomado oportunamente medidas para garantizar un plebiscito seguro y con alta participación ciudadana pero advierte que las medidas deben ser bien comunicadas a la ciudadanía.

“Todavía está muy en papel y va a depender cómo se implementen las medidas, cómo se comuniquen y también cómo la ciudadanía va a tomar los resguardos necesarios”, dice, a menos de dos meses del evento electoral.

Granese plantea que se debe definir a corto plazo “en qué circunstancias sería inviable celebrar el plebiscito dado el riesgo sanitario que conllevaría y la baja participación ciudadana resultante, y advierte que “mientras más cerca estemos de la fecha del plebiscito, el tomar cualquier decisión al respecto podrá ser percibida como estratégica y poco neutral”.

En esta línea, insistió en la importancia de “establecer parámetros objetivos con suficiente anticipación” que "permitirían evitar dificultades innecesarias al momento de decidir si se realizará o no el plebiscito en la fecha acordada, restando valor a posibles acusaciones futuras de oportunismo político, o de aprovechamiento de la pandemia con el fin socavar derechos de la ciudadanía”.

Tras comparar el protocolo dado a conocer por el Servicio Electoral y las recomendaciones de la International Foundation for Electoral Systems (IFES), la autora identifica una serie de situaciones que aún no han sido resueltas. Uno de éstos es la “capacitación de un mayor número de funcionarios electorales y vocales de mesa”, ya que muchos de ellos podrían no concurrir por temor a contagiarse, por lo que es necesario contar con personal de “reemplazo”, a quienes se les debería entregar un “kit sanitario plexiglás u otros protectores translúcidos”.

Respecto a los apoderados y los observadores, la autora plantea que es recomendable “reducir su número para evitar aglomeraciones en espacios cerrados”. También es necesario, consigna el documento, establecer un protocolo claro a la hora del conteo de votos para que, por ejemplo, los apoderados los miren pero no los toquen.

El estudio también propone “liberar a toda la población de riesgo y personal de salud de cumplir con labores electorales”, ya que el protocolo del Servel no exime a los funcionarios del área de la salud de esta función.

En tanto, respecto a los locales de votaciones, propone “elegir espacios abiertos o que tengan ventilación natural” y que estén lejos de lugares en los que reside la población de riesgo como hospitales, asilos de ancianos, entre otros.

El voto de los pacientes con coronavirus y quienes presenten fiebre de más de 37º grados el día de la elección, es el primer tema que la autora identifica como una de las “medidas que faltarían por definir en el protocolo sanitario del Servel para que este cumpla con los estándares internacionales”. Cabe recordar que el gobierno calificó como “inviable” modificar el sistema electoral a dos meses del plebiscito, cerrando la puerta a que los contagiados pudiesen participar de los comicios.

En este sentido, la autora plantea que no parece ser replicable la experiencia de países que por la pandemia implementaron sistemas como el voto anticipado o por correo. “Nuestro análisis demuestra que dichos países ya contaban con sistemas similares con anterioridad”, explica.

Agregando que “en países en situaciones similares a Chile como República Dominicana (cuya elección presidencial se celebró el pasado 5 de julio) y Uruguay (que pospuso sus elecciones departamentales para el 27 de septiembre), optaron por no implementar medidas de este tipo al no contar con sistemas de voto anticipado o por correo”.

El texto también aborda el voto de los adultos mayores y pacientes de riesgo y cómo evitar que estos se resten del proceso eleccionario por temor a contagiarse. En esta línea, plantea los casos de Singapur y Francia que recientemente celebraron comicios. En el primero, se dio oportunidad a la tercera edad de concurrir primero a las urnas y en el segundo se otorgó un horario especial de votación a toda la población de riesgo.

Respecto al plan “anti aglomeraciones”, el documento plantea que además de las medidas definidas por el Servicio Electoral, se deben considerar otras y nuevamente cita lo sucedido en Singapur, donde cada votante tenía, por ejemplo, un rango o ventana de dos horas para sufragar.