Lucro en la educación: Inédita ofensiva de 17 abogados para anular decisión del TC

Un conjunto de académicos y abogados litigantes presentaron hoy un inédito recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que busca anular el fallo en que mediante el control preventivo de la Ley de Educación Superior permitió que personas jurídicas con fines de lucro puedan controlar universidades.

La dura ofensiva se presenta a tres días que el organismo, liderado por el presidente Iván Aróstica, dé a conocer los detalles de la sentencia que hizo caer el corazón de la reforma de educación superior de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Para el martes 23 está agendada la entrega del fallo, pero antes, el TC deberá pronunciarse si acoge o no este incidente previo y especial pronunciamiento de nulidad.

Uno de los impulsores de esta inédita acción es el profesor y constitucionalista Domingo Lovera Parmo. Explica a La Tercera PM que decidieron emprender este recurso porque "el TC ha prescindido de las reglas que ordenan el ejercicio de su jurisdicción; ha descuidado reglas procedimentales de manera grave, lo que acarrea consecuencias sustantivas cuya reparación solo puede obtenerse por medio de la nulidad de todo lo obrado. Un tribunal ejerce jurisdicción y ella debe ejercerse de conformidad a reglas, no sin límites".

El escrito apunta a que el TC, en medio del trámite de control preventivo, excedió sus facultades e intervino en artículos de la Ley de Educación Superior que no le correspondía analizar. Los 17 firmantes de la ofensiva sostienen en el escrito  que "simplemente ningún órgano o persona legitimada por la Constitución ha formulado pedimento a us. excelentísima respecto de la constitucionalidad del artículo 63 y el décimo transitorio del proyecto de Ley sobre educación superior", acusan.

Incluso, los recurrentes detallan que el artículo que prohibía que personas jurídicas con fines de lucro participaran del control de entidades de educación superior nunca fue objeto de impugnación en el proceso deliberativo de formación de ley.

Es más, acusan los abogados, la propia presidenta de la Corporación de Universidades Privadas, Pilar Armanet -la misma que luego recurrió al TC con un téngase presente una vez aprobada la ley en el Congreso- compareció a la sesión Nº 262 de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y pese a ser "debidamente oída", la mujer "nada dijo sobre el particular".

El escrito ataca además la forma en que está actuando el TC al calificar las leyes Orgánicas Constitucionales, pasando por alto la voz de los congresistas.

"Dicha decisión no se ajusta a la Constitución, al mérito del proceso y vulnera el justo y debido procedimiento constitucional, contravenciones que hieren de nulidad todo lo obrado por haber sido adoptadas de oficio, con total prescindencia de la previa calificación del Congreso Nacional de las leyes Orgánico Constitucionales sometidas a su conocimiento y sin que existiese un conflicto de intereses de relevancia jurídica, que facultare el ejercicio de la jurisdicción y competencia de este excelentísimo tribunal", dicen.

El documento ingresado al TC denuncia que sus ministros habrían vulnerado el debido proceso constitucional al intervenir de la forma que lo hicieron la emblemática ley. "Finalmente, como sustento de la invalidación que se solicita, surge del mérito del proceso y de hechos públicos y notorios, que se ha vulnerado el debido proceso en dos órdenes de consideraciones: se ha acogido, aparentemente, una pretensión constitucional de quienes no se encuentran legitimados para postular y se ha vulnerado el principio de bilateralidad", aseguran.

Junto con esto citan el artículo 19 número 3 de la Constitución que sostiene que "toda sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado" y los abogados le recuerdan a los ministros del TC que esa norma también es aplicable a ellos.

La ofensiva es firmada por reconocidos profesores de escuelas de Derecho del país entre los que se encuentra el constitucionalista Fernando Atria (U. de Chile), Ezio Costa (U. de Chile), Gustavo Poblete (U. Alberto Hurtado), Diego Lillo (UDP), José Luis Ugarte (UDP), José Miguel Valdivia (U. de Chile), José Tomás Blake (U. Adolfo Ibáñez), Rocío Lorca (U. de Chile), Nicole Selamé (U. de Valparaíso), Juan Carlos Ferrada (U. de Valparaíso), Christian Viera (U. de Valparaíso), Jaime Bassa (U. de Valparaíso), Daniela Ejsmentewicz (U. de Chile), Marías Guiloff (UDP), Domingo Lovera (UDP), el abogado Carlos Cáceres y el historiador Claudio Broitman.