CDE interviene para reactivar la suspendida licitación de Transantiago

Foto: Mario Téllez

La entidad representará a Transportes tras fallo del Tribunal de Libre Competencia. Afirman que denunciante quiso presionar para pedir beneficios.


Cinco puntos centrales tiene la presentación entregada el lunes pasado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con el objetivo de levantar la suspensión de la licitación del Transantiago, tras acoger una denuncia por supuestas irregularidades en el proceso.

La acción fue interpuesta por el organismo en representación del Ministerio de Transportes, que llevaba adelante la convocatoria para adjudicar nuevas zonas de negocios, renovar las flotas de buses y establecer incentivos o descuentos por la calidad de servicio.

Esto, tras el recurso de la empresa Transanber que logró frenar el certamen -que se encontraba en su fase final- al denunciar “barreras de entrada” a ese mercado para las firmas pequeñas.

El CDE argumenta que la cartera sumó requisitos para los participantes “para fomentar la libre competencia”. Una de ellas -describe- es que se establecieron seis unidades territoriales de negocios. “Se quiso promover el ingreso de nuevos actores”, se plantea.

Se señala que también se exigió a las compañías participantes la renovación de las flotas de buses, y para ello se estableció el denominado “pago por flota”, lo que facilita el acceso a créditos bancarios para los aspirantes a ganar una unidad. La presentación añade que tampoco se pidió a las empresas poseer terrenos para terminales e incluso la cartera anunció que comprará o arrendará estos depósitos para las firmas. “Se busca remover barreras de entrada”, dice el escrito.

Respecto al supuesto acuerdo que habrían hecho los operadores actuales para repartirse las unidades de negocios del Transantiago, el CDE indica que ese hecho debería ser investigado por los organismos correspondientes.

En la acción legal, el ministerio de Transportes también añade que no adjudicar la licitación “sería verdaderamente catastrófico para los usuarios del sistema y para el fisco, por cuanto se traduce en la necesidad ineludible de prorrogar los actuales contratos”, a las empresas Alsacia, Express, Redbus y STP. Se añade que estas empresas quedarían en una “posición dominante -en realidad monopólica- en directo ejercicio del MTT y de la sociedad toda”.

El escrito sostiene que, según estimaciones del ministerio, no efectuar la convocatoria tendría un costo financiero de US$ 3 mil 400 millones por los pagos que se deben seguir cancelando a las mismas firmas.

El documento añade que es necesaria una renovación porque los últimos ranking de calidad muestran que los indicadores “están lejos de ser satisfactorios”. Se señala que suspender la licitación llevará a que sigan los “malos índices de calidad de servicio y con flotas de buses en estado francamente insatisfactorio y muy cercano al término de su vida útil extiendan artificialmente su operación, en directo perjuicio de los usuarios”.

Intereses

En la presentación también se indica que la motivación de la denuncia del empresario microbusero Luis Vargas, quien logró frenar la licitación, es una “herramienta de presión para extraer beneficios económicos improcedentes del Estado, que nada tienen que ver con la licitación del Transantiago”.

Luis Vargas dijo el viernes pasado que ofreció retirar la denuncia ante el TDLC a la seremi de Transportes de la Región Metropolitana a cambio de un beneficio económico. Vargas añadió que, días previos al fallo, la seremi también le pidió que retirara la acción. “(En el ministerio) me pidieron que la levantara la denuncia y les dije que no”, dijo.

En la acción del CDE también se describe que las presentaciones para oponerse a la licitación fueron desechadas. Entre ellos está el sindicato de trabajadores de Alsacia Número 2 y Simtal, la empresa de transportes Santín y la firma Cordillera, que presentaron reparos ante diversos tribunales. Además, Cristián Saphores y Rodrigo Aros hicieron una presentación ante la Contraloría. Mediante un comunicado, el ministerio planteó que espera que se revierta la suspensión “para continuar con la licitación que beneficiará a los casi cinco millones de usuarios del sistema de transporte público metropolitano”.

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