La Corte Suprema aprobó esta jornada un protocolo de acción frente a casos de abuso sexual que se produzcan en el Poder Judicial. El documento fue validado por el pleno del máximo tribunal.

"Sabemos que no será fácil, ya que es una cuestión que requiere un cambio en la cultura que como país debemos asumir. Sin embargo, creemos que es un paso importante para visibilizar estas conductas, dejar de naturalizarlas y erradicarlas del espacio laboral", dijo la ministra Andrea Muñoz, encargada de los asuntos de género del Poder Judicial.

La magistrada agregó que "el protocolo en sí mismo es un mecanismo de prevención y considera medidas que permiten dar información a las denunciantes y protección  a las víctimas y garantiza un debido proceso".

El documento, cuya elaboración tomó un año de trabajo, entrará en vigencia entrará en vigencia el próximo 1 de julio. Su creación fue parte de un conjunto de compromisos asumidos por el Poder Judicial tras un trabajo realizado en 2015 y 2016 que reveló que uno de cada diez miembros de la entidad había experimentado o presenciado acoso sexual al interior de la institución.

"Se establece en forma expresa que el acoso sexual atenta contra la dignidad de las personas y constituye una manifestación de violencia de género", agregó la ministra Muñoz sobre el nuevo protocolo.

Respecto al contenido de esta nueva normativa, la magistrada explicó que "hemos establecido normas que, por ejemplo, permiten que las personas que denuncian estén durante todo el proceso en conocimiento de cómo éste se desarrolla e incluso puedan aportar pruebas (...) Se establecen normas especiales en materia probatoria, recomendando que no se puedan incorporar pruebas que estén construidas bajo estereotipos de género. Que no se consulte, en los interrogatorios a testigos, por ejemplo, acerca de la vida sexual de la persona o a hechos ajenos específicamente a la conducta de acoso sexual".

Además, dijo que se hace énfasis que al momento de decretar sanciones "también se contemplen medidas de reparación a la víctima". Y se busca, también, que se pueda contar con apoyo psicológico al momento en que un fiscal institucional entreviste a algún denunciante.