Denuncias por agresión sexual en colegios aumentan 32% en 2017

Imagen de un colegio de la zona poniente de Santiago. Foto. Richard Ulloa

Según cifras de la Superintendencia de Educación, desde 2015 se han registrado 448 acusaciones. En lo que va de 2018 se han recibido 27.


Un total de 924 denuncias por agresiones sexuales o comportamientos de connotación sexual en colegios ha recibido la Superintendencia de Educación desde 2015. Los casos, que van desde delitos como violación o estupro, hasta comportamientos que no necesariamente constituyen una agresión, han tenido un aumento sostenido en los últimos años.

Mientras en 2015 se recibieron 238 denuncias, en 2016 la cifra llegó a 286. En tanto, en 2017 se registraron 360 acusaciones, lo que implica un aumento del 26% en relación con el año anterior (ver infografía).

En lo que respecta específicamente a casos de agresión sexual, en 2016 se recibieron 132 denuncias, mientras que en 2017 fueron 174, registrando un aumento del 32%.

Desde la superintendencia explicaron que de los casi mil casos recibidos desde 2015, en el 70% el establecimiento documentó y verificó que su actuar ante la situación denunciada se ajustaba a la normativa vigente y, por ende, el caso fue cerrado por el Departamento de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales.

En el 22% de las denuncias se estableció que el colegio incurrió en una infracción y se impuso una sanción al sostenedor, siendo el caso finalizado por el Departamento Jurídico.

En tanto, en el 9% de las denuncias se realizó una visita inspectiva, pero no se constataron infracciones a la norma, por lo que la causa fue terminada por el Departamento de Fiscalización.

Respecto de las cifras, el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, explicó que “todos los establecimientos educacionales con reconocimiento oficial del Estado deben contar con un reglamento interno que incorpore las políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación frente a situaciones de abuso sexual”.

En ese sentido, Izquierdo explicó que los adultos de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de resguardar la integridad física y psicológica de los alumnos. “Si un director, inspector o profesor del establecimiento educacional está en conocimiento de un posible abuso sexual, debe denunciar ante el Ministerio Público o Carabineros en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento del hecho”, dijo el superintendente, y añadió que es fundamental que los protocolos de actuación ante estas agresiones indiquen cómo y ante quién denunciar.

“Como Superintendencia de Educación hacemos un llamado a abordar en comunidad los temas de comportamientos de connotación sexual y prevenir todo tipo de abuso, promoviendo aprendizajes de autocuidado y desarrollando herramientas para actuar preventivamente”, dijo Izquierdo.

Análisis sobre alza

Respecto del total de denuncias que ha recibido la superintendencia, Loreto Jara, profesora e investigadora de Política Educativa de Educación 2020, explicó que por un lado “es positivo que se estén utilizando las instituciones apropiadas para este tipo de cosas. Hay que seguir profundizando en eso”.

La experta advirtió que si bien las cifras podrían parecer bajas, considerando el total de alumnos que hay en Chile, “el hecho de que haya un solo caso ya es preocupante. La escuela es una institución garante de derechos. No hay lugar donde los niños debieran estar más seguros que ahí”.

Sobre los motivos por los cuales podría observarse un aumento de las denuncias, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, señaló que más que un incremento de este tipo de hechos, “responde a que desde 2012 tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad, compuesto por la Superintendencia de la Educación y la Agencia de Calidad de la Educación, que cuenta con las atribuciones necesarias para poder responder de manera correcta a este tipo de denuncias”.

El experto explicó que esa atribución no la tenía antes el Ministerio de Educación (Mineduc), ni contaba con un equipo especializado. “Ahora existe un interlocutor en la institucionalidad, que es la superintendencia, que puede recibir, resolver y darles salida a estos casos. Por ejemplo, aplicando sanciones al sostenedor o, en el caso de que sean delitos, pasando el caso a tribunales”, dijo Rodríguez.

Una opinión distinta es la que tiene Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, quien aseguró que el aumento de denuncias “debería traducirse en una política mucho más activa de orientación y apoyo desde el Mineduc en este tema. Es claro que hoy la provisión de manuales y acciones aisladas es insuficiente”.

Según el experto, el desafío en torno a este tema es que “todos los establecimientos, públicos y privados, comiencen a incorporar en sus reglamentos de convivencia la manera en la que enfrentarán eventuales casos de acoso y abuso sexual”.

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