Felipe Salaberry, subsecretario de Desarrollo Regional: "El 80% de estos fondos se destinó efectivamente a temas de transportes"

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La autoridad defendió el uso que las provincias dan al Fondo de Apoyo Regional, asegurando que cada zona del país "conoce su propia realidad". Según Salaberry, su cartera impulsará mecanismos que transparenten el destino que cada gobierno regional da a los dineros provenientes de la "Ley Espejo" del Transantiago.


Visitas a distintas zonas del país -como las regiones de O'Higgins, Los Lagos y la nueva Región del Ñuble- se encuentra realizando por estos días el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), con el fin de reunirse con las autoridades locales y transmitir directamente cuáles serán los proyectos prioritarios donde pondrán los esfuerzos para aprobar recursos. Desde el archipiélago de Chiloé, Salaberry aborda los cuestionamientos que existen en torno al uso discrecional que dan las intendencias al Fondo de Apoyo Regional (FAR). Son más de US$ 650 millones provenientes de la "Ley Espejo" del Transantiago.

¿Cuántos de estos fondos se destinan efectivamente a transporte y cuántos van a otras áreas?

Hay que entender que estos 'fondos espejo', que son financiados a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional de acuerdo a la Ley de Presupuesto, son cofinanciadores de proyectos de mayor envergadura en los gobiernos regionales. Estos fondos, desde 2010 al 2016, tenían como criterio común levantar iniciativas relativas al transporte en general. Si uno hace una fotografía del uso de estos fondos al 2017, más de un 80% de los 'fondos espejo' o Fondos de Apoyo a Regiones, contribuyeron a financiar proyectos de transportes o relativos a esto en las regiones. Cuando se dice transporte tiene que ver con pavimentación, vialidad rural, renovación de buses o de transporte público. Hay algunas cosas más pequeñas en materia multisectorial de salud, energía, educación, deportes, defensa. En estos ocho años, menos del 20% ha sido usado en fines distintos a la idea original.

Pero si uno revisa las inversiones aprobadas por Subdere, se detectan proyectos realizados con estos fondos, como restauración de iglesias, compra de ambulancias, construcción de comisarías. Eso no tiene nada que ver con mejorar el sistema de transporte en regiones, que es lo que dice la ley que creó el fondo.

El 80% de estos fondos se destinó efectivamente a temas de transportes. A vialidad rural, renovación de buses, transporte aéreo, transporte marítimo, están bien utilizados. Si alguno de estos fondos cofinanció subsidiariamente algunas otras áreas, no hay una ilegalidad, porque efectivamente la priorización de los proyectos ha estado ligada al tema de transportes. Si en el transcurso de estos ocho años de uso de los Fondo de Apoyo Regional (FAR) se dedica a temas de transportes, no veo una necesidad urgente de modificar ese criterio. Lo que uno puede hacer es colaborar desde la subsecretaría con los gobiernos regionales, para que el uso de los proyectos sea intensivo en las materias creadas. Pero pedir por ley que los proyectos o los gobiernos regionales tengan la obligación de hacer algo, relacionado a una materia específica, como el transporte, atenta contra el proceso de descentralización.

¿Qué responde a los senadores que reclaman que no hay suficiente control y transparencia en el uso de estos fondos?

Desde que asumimos hay un mandato del Presidente Sebastián Piñera para ir generando las instancias que permitan no solo el correcto uso de los recursos, sino su debida utilización, hasta el último peso. Se ha avanzado bastante en los niveles de fiscalización y es un proceso que nosotros vamos a seguir profundizando. Y es materia de la subsecretaría, la Contraloría y el Consejo de la Transparencia, que eso siga ocurriendo. Nosotros trabajamos para que en el mediano plazo tengamos un único sistema de información, fiscalización y gestión de estos recursos.

Dictámenes de la Contraloría ya han alertado sobre el mal uso de estos recursos. ¿Qué harán para que esto no vuelva a ocurrir?

Efectivamente, ha habido observaciones y dictámenes de Contraloría que reorientan u orientan el correcto uso de los fondos. Y hay una acción y actividad permanentes que nosotros como subsecretaría desarrollamos.

En enero, la entonces Presidenta Bachelet ingresó un proyecto para reformar el uso de los FAR y focalizarlos en la rebaja de tarifas en transporte para los adultos mayores. ¿Apoyarán este proyecto?

Estos son fondos que deben ser destinados prioritariamente a materias de transporte, pero son los gobiernos regionales quienes mejor conocen su propia realidad. Y si uno revisa desagregadamente la disposición de esos recursos, han estado, en general, debidamente utilizados en materia de transporte, salvo estas prioridades que los propios gobiernos regionales conocen mejor que uno. Cambiar esos criterios por una discusión legislativa y fijar por ley materias que son de discrecionalidad regional me parece que no representa una urgencia legislativa como para ser impulsada por nosotros.

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