Fiscalía indaga posible irregularidad en prueba del caso de atentado en Los Ríos

El 4 de octubre de 2017 el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, llegó hasta la Fiscalía Regional de Los Ríos para sostener una reunión con el persecutor regional de la zona, Juan Agustín Meléndez. En la cita, Villalobos le entregó antecedentes, obtenidos mediante la Ley de Inteligencia, sobre hechos de violencia rural en la zona. Sin embargo, esa información hoy está siendo cuestionada por el Ministerio Público, luego de las inconsistencias que advirtió la fiscalía en la Operación Huracán.

Cuando el 23 de septiembre del año pasado, Carabineros detuvo a ocho imputados, entre ellos el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por su supuesta participación en atentados incendiarios en La Araucanía, los investigadores advirtieron que la Operación Huracán tendría otras ramificaciones, dado que irían cayendo de poco más sospechosos y en otras regiones del país. Además, había un antecedente que obligaba a poner especial atención a lo que ocurría en Los Ríos. El 28 de agosto, en San José de la Mariquina, se registró el mayor atentado, en el cual quemaron 29 camiones y dejaron con daños a otros seis, todos de la empresa Sotraser.

Es por eso que en esa reunión de octubre, el general Villalobos le liberó un informe de Inteligencia al fiscal Meléndez con antecedentes relativos a hechos de violencia rural. Este documento comenzó a ser analizado por parte de los fiscales de la zona y se encontraron con supuestas inconsistencias, que les hicieron desistir de solicitar detenciones en contra de las personas mencionadas en este oficio.

Fuentes del caso señalaron que una de las situaciones que generó las mayores dudas fue que el informe daba cuenta de la presencia de P.A. en el atentado a la empresa Sotraser. No obstante, el Ministerio Público determinó que prácticamente a la misma hora, personal policial le estaba controlando la medida cautelar de arresto domiciliario total. Esto, en una causa que se seguía en su contra por porte ilegal de munición. Entonces, era imposible que estuviera en el lugar al momento del ataque.

Fue en medio de las pesquisas que realizaban los fiscales de Los Ríos, cuando vino en vuelco en la Operación Huracán: el Ministerio Público de La Araucanía advirtió que las pruebas de Carabineros habrían sido adulteradas, lo que fue respaldado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien manifestó que los antecedentes fueron "manipulados" por efectivos policiales.

Para comparar antecedentes y estudiar las pruebas entregadas por Carabineros en la IX y XIV Región, es que el fiscal nacional se reunió ayer en Santiago con el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes; su par de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez; y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien indaga las supuestas filtraciones desde el ente persecutor a los sospechosos de la Operación Huracán, así como las acusaciones del fiscal Luis Arroyo por la presunta falsificación de mensajes entre él y su abogada asistente.

Tras la reunión, la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, señaló que "estamos analizando si pueden existir hechos similares a los que existen en la investigación que se genera por obstrucción a la investigación en La Araucanía, a propósito de la denominada policialmente Operación Huracán, en hechos similares en la arista de esta causa en la Región de los Ríos". Agregó que "nos hemos reunido para compartir esa información (por presunta adulteración) y ver si efectivamente pueden existir hechos similares en esa arista y así definir los pasos a seguir".

En tanto, el fiscal Palma decretó 15 días de secreto en la investigación por las presuntas filtraciones. Durante ese plazo, los intervinientes no podrán acceder a los antecedentes y notificaciones en la causa.

Además, junto a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la causa de la Operación Huracán, la fiscalía está analizando la posibilidad de cerrar las aristas sobre el supuesto tráfico de armas desde Argentina hacia La Araucanía y también sobre el presunto financiamiento que habrían obtenidos los imputados.

Fuentes del caso, explicaron que dado que estos casos surgieron desde el Informe 130 que Carabineros presentó a la fiscalía, el cual da cuenta de supuestas conversaciones adulteradas entre los imputados. Es por esto que la investigación se encontraría "viciada".

Herrera explicó que "al respecto se ha tomado una decisión por parte de la fiscalía que es comunicar la decisión de no perseverar. No hay más decisiones por ahora. Sin perjuicio que se estén evaluando y se estén analizando las distintas opciones".