Gobierno admite desprotección de mujeres tras ola de crímenes

Brigada de Homicidio de la PDI investiga el doble asesinato de una madre y su hija en Maipú.

Cinco mujeres fueron asesinadas en tres días en diferentes puntos del país. Al menos dos de ellas tenían medidas de protección que no se cumplieron.


“No tenemos una política robusta para enfrentar la violencia contra las mujeres”, sostuvo este martes la ministra de la Mujer, Isabel Plá, admitiendo así la desprotección que existe entre las víctimas, tras la ola de crímenes que han quedado al descubierto en el país.

Cinco mujeres fueron asesinadas en los últimos tres días, encendiendo las alarmas en el gobierno, que anunció para los próximos días una reunión de coordinación entre los ministerios de la Mujer e Interior, además de la Fiscalía Nacional, el Poder Judicial y las policías, para abordar estos delitos: “Hoy día es muy difícil tener coordinación y el sistema, a veces, parece desbordado”, agregó Plá.

El último de esta serie de ataques contra mujeres ocurrió en Los Andes, en la Región de Valparaíso, con la muerte de la ciudadana colombiana Gertrudiz Martínez (50), producto de las 10 puñaladas que le propinó su pareja, en las puertas de un centro de salud.

Poco antes, en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana, la expareja de Carolina Donoso (53) encontró a su exmujer y a su hija, Gabriela Alcaíno (17), muertas en el living de su casa. Ambas fueron asesinadas con arma blanca en la madrugada del lunes.

Estos tres asesinatos se suman al ocurrido el lunes, en Concepción, donde la manicurista de 29 años Soraya Sepúlveda fue muerta a tiros por su expareja, en un centro comercial, y al brutal homicidio de Nelly Malo (35), que fue quemada y oculta en un tambor en el sector de Noviciado, en Pudahuel, el pasado domingo. Su familia la buscaba desde el viernes y se presume que murió en manos de su amante.

Así, los cinco crímenes elevan a 25 las víctimas de violencia de género en lo que va de 2018, según la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres.

Medidas de protección

La ministra Plá sostuvo que habitualmente las víctimas están metidas en un círculo que incluye no solo la dependencia emocional al agresor, sino también económica, y desde esa perspectiva es necesario el “apoyo del Estado para su reinserción en la sociedad”. Agregó que la prioridad del gobierno es sacar a las mujeres de este círculo de violencia, que las lleva a tardar, en promedio, siete años en denunciar las agresiones que padecen. “Se requiere un cambio cultural como país; todavía hay un sector que justifica la violencia hacia las mujeres, aunque no lo digan públicamente”.

La vocera de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, coincidió en el diagnóstico y dijo que “no solo no hay una legislación robusta, la verdad es que no existe una legislación dirigida a la violencia contra las mujeres y, como no existe, siempre se enfoca hacia la violencia intrafamiliar. Eso hace que no se realice un seguimiento de las medidas de protección que se asignan, sabiendo que muchas no son efectivas”.

De hecho, los últimos crímenes dejan la eficacia de estas medidas en tela de juicio: Soraya Sepúlveda tenía una orden de alejamiento y resguardo policial de su agresor y, en el caso de Gertrudiz, existían denuncias por violencia intrafamiliar.

La diputada Marcela Sabat (RN) sostuvo que “se ha validado y legitimado la violencia contra la mujer, que es precisamente lo que debemos erradicar de nuestra sociedad”. Agregó que “estamos avanzando en equidad de género, pero las políticas públicas no son lo suficientemente robustas para provocar el cambio cultural; no es suficiente contar con leyes y sanciones, debe existir un compromiso institucional, social e incluso familiar para prevenir y tomar las medidas oportunas”.

A su vez, la presidenta de la Cámara, Maya Fernández (PS), coincidió en la necesidad de “implementar políticas públicas que apunten en igualdad y en educación”. Y, si bien aplaudió la creación de la comisión permanente de Mujer y Equidad de Género en el Congreso, manifestó que “no sacamos nada con legislar si no cambiamos culturalmente. Este es un tema país urgente”.

Cabe señalar que el gobierno puso urgencia a los proyectos impulsados por la pasada administración, que sancionan la violencia en el pololeo y corrigen aspectos de la ley, para hacer más expedita la denuncia y la investigación.

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